Por Victor Barrera 
Édgar Francisco, abogado que defraudó a más de 100 familias leonesas, recibió la sentencia de 1 mil 18 años de prisión. Se trata de la condena más alta en el estado, aunque el Código Penal del Estado establece como pena máxima 80 años de prisión.
A través del despacho Punto Legal, Édgar Francisco defraudó a las familias de León al ofrecer viviendas a bajo costo. Citaba a las víctimas en su oficina y les pedía abonos, pero nunca les entregó las casas que prometió.
El fallo judicial también incluye el pago por reparación del daño material por 29.9 millones de pesos, además de pagar otros 3.2 millones de pesos por concepto de daño moral y 148 mil por los perjuicios provocados a las 107 familias de León.
A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado detalló que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Región A, a cargo de la investigación, logró dos sentencias condenatorias contra Édgar Francisco, la primera por 483 años y 4 meses de prisión, y la segunda por 580 años. En total, 1 mil 18 años y 4 meses por el delito de fraude.
«Aunque la legislación penal del estado establece un límite máximo de compurgación de 80 años de cárcel, el verdadero triunfo de esta resolución radica en la protección integral de los derechos de los ofendidos, logrando que el juez impusiera al sentenciado la obligación irrestricta de devolver cada peso obtenido ilícitamente», señaló la Fiscalía local.
De acuerdo con el histórico de la Fiscalía de Guanajuato, la sentencia al abogado representante del despacho Punto Legal es la más alta en el estado.
«La prioridad de la fiscalía no solo fue comprobar la responsabilidad del imputado, sino visibilizar y defender el detrimento patrimonial que sufrió cada una de las familias. Con un sólido cúmulo de pruebas científicas y testimoniales, se demostró el impacto real que este engaño causó en la vida y estabilidad de los ciudadanos.”
Además, la Fiscalía aseguró que el trabajo ministerial demostró ante los tribunales que Édgar Francisco utilizó diversos «artificios» para engañar de forma consecutiva a las 107 personas al ofrecer inmuebles sobre los cuales no tenía ninguna facultad legal de venta ni se encontraban en litigio alguno.
Uno de los engaños a los que recurría el abogado era ofrecer casas que, supuestamente, eran remates bancarios, aunque las familias no recibieron las viviendas ni el dinero que pagaron como anticipo.