Por Victor Barrera 
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atraer cuatro amparos en revisión relacionados con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pone en riesgo la seguridad jurídica y el cumplimiento de “una sentencia cuya parte central fue desmontar la ‘verdad histórica’ y reconocer que el proceso de investigación inicial estaba basada en irregularidades”, alertó la directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, María Luisa Aguilar Rodríguez.
Dichos procedimientos fueron inicialmente impulsados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, mismos que se mantuvieron inamovibles en la administración de Andrés Manuel López Obrador y retomados en octubre de 2025 por el gobierno de Claudia Sheinbaum.
En entrevista, la defensora, quien ha dado seguimiento a la tragedia de los 43 normalistas desde el primer momento de la desaparición, lamentó que a casi 12 años de los hechos el Estado mexicano siga litigando contra cualquier posibilidad de que los familiares de las víctimas accedan a la verdad y la justicia.
En su sesión ordinaria, el pleno de la SCJN decidió atraer la solicitud 331/2026, promovida por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, relacionada con la revisión extraordinaria de cuatro amparos promovidos contra la sentencia definitiva emitida en mayo de 2018 por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, “lo que contraviene el principio de seguridad jurídica”.
Aguilar Rodríguez destacó que la sentencia que litiga el gobierno de Claudia Sheinbaum “había abierto mucho camino en ese momento, porque desmontó la ‘verdad histórica’ (que sostenía que los 43 normalistas habían sido asesinados y calcinados en el basurero de Cocula y sus cenizas depositadas en el Río San Juan), que, además, al haberse enfocado en una sola línea de investigación, habían dejado de lado otras líneas de investigación relevantes como la participación de la Policía Federal, incluso de los propios elementos del Ejército”.
La sentencia ordenaba también la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala (Comisión de Investigación) “como un mecanismo extraordinario para garantizar una investigación independiente y efectiva”, que estuviera conformada por la Fiscalía General de la República (FGR), por una comisión de los familiares de las víctimas, la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que contara con presupuesto destinado por el Congreso de la Unión.
Al recordar que los promotores de la sentencia del Tribunal Colegiado fueron personas acusadas por delincuencia organizada a las que se les achacaba la desaparición de los jóvenes, Aguilar Rodríguez contó que, en 2018, tras emitirse la sentencia, el gobierno de Enrique Peña Nieto tramitó cuatro amparos en revisión extraordinarios.
“En esta causa se reconocieron graves violaciones a derechos humanos y que las familias deberían de ser reconocidas como víctimas, y por eso es que ahora somos parte del proceso de los múltiples recursos en contra de la sentencia.
“Es grave que una Suprema Corte nueva, con todas las críticas de cómo se ha constituido y de cómo llegaron las y los ministros a su posición, esté revisando una sentencia que es firme y que no debería de tener ningún tipo de revisión, es grave en sí mismo, por todo lo que eso implica de seguridad jurídica”, puntualizó la directora del Centro Prodh.
Lamentó que a casi 12 años de la desaparición de los estudiantes, y a ocho años de emitida la sentencia desde el gobierno federal se promueva la revisión de una resolución “que podría ser una oportunidad para reanimar la investigación de la que se priva a las familias, y se aleja la discusión de lo que tendría que ser el centro, que es que hay muchos pendientes en la investigación y que el caso no está esclarecido y que hasta el día de hoy seguimos sin conocer qué sucedió y dónde está el paradero de los estudiantes”.
Aguilar Rodríguez recordó que antes de que el presidente López Obrador emitiera el decreto por el que se creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), las organizaciones que representan a los padres y madres de los normalistas desaparecidos plantearon el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Colegiado, posibilidad a la que no se pudo concretar ante la negativa de la Consejería Jurídica del sexenio pasado de retirar los cuatro amparos que hoy fueron retomados por Alcalde Luján.
“Nosotros no tenemos acceso a la solicitud de ejercicio de atracción específica que presentó la Consejería Jurídica, sino solamente a los recursos de revisión extraordinaria que son los que presentó ante el colegiado que son la base de lo que llegó a la Corte.
“Lo que la Corte dijo durante la sesión es que estarían analizando si es constitucional ordenar la creación de una comisión de la verdad como mecanismo extraordinario de investigación y si eso es válido o si vulnera los principios de la relatividad de la sentencia y la división de poderes”, contó.
Aguilar agregó que durante el gobierno de Peña Nieto, “cuando se interpusieron todos los recursos en contra de la sentencia, una de las bases era se estaba extralimitando el Tribunal Colegiado, que los efectos de la sentencia alcanzaban a otras instituciones que no estaban involucradas en el amparo, incluyendo a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la República, al Congreso, porque le pide que dé presupuesto a la comisión, y decía que eso iba en contra de la división de los poderes, además de que se extralimitaba, porque quien tenía el monopolio de la investigación era la Procuraduría en ese entonces y ahora la Fiscalía General de la República”.
Para la directora del Centro Prodh la atracción de los amparos en revisión anunciados este día por la SCJN, evidencia cómo desde el gobierno federal “siguen litigando en contra de las familias”.
Recordó que a este litigio se suma la impugnación que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha interpuesto contra un amparo ganado por las familias de los estudiantes desaparecidos en el que se ordena a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar más de 800 folios del área de inteligencia militar con información en la que podría haber claves sobre el paradero de los jóvenes.
“Ya tienes una resolución de amparo donde el juez ordena que se entreguen esos folios y las instituciones continúan litigando en contra de las familias, presentando recursos de revisión en contra de esa sentencia en lugar de entregar los folios que tendría que ser lo que deberíamos de ver en una investigación que dice la presidenta que está siendo renovada, y ahora vemos esta solicitud de atracción relacionada con una sentencia firme que aleja la atención de los grandes pendientes de la investigación”, puntualiza María Luisa Aguilar.
Tras el anuncio de la SCJN, en un pronunciamiento firmado por el Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Análisis e Investigación Fundar y Servicios y Asesoría para la Paz, las organizaciones sociales que representan a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, alertaron en un pronunciamiento que la “revisión extraordinaria no está prevista expresamente en la Constitución ni en la Ley de Amparo, y en los hechos, implica una revisión de una sentencia firme emitida en un amparo en revisión”, lo que genera “incertidumbre sobre la firmeza de las resoluciones judiciales y debilita la certeza que deben brindar las sentencias definitivas”.
Las organizaciones concluyeron que “la decisión de la Suprema Corte difícilmente contribuirá a acelerar el acceso a la verdad la justicia; por el contrario, prolonga la incertidumbre jurídica sobre una resolución relevante para el caso, a la vez que los obstáculos identificados en la investigación persiste, como la opacidad de las Fuerzas Armadas ante la negativa a entregar información de inteligencia faltante y los pendientes en las extradiciones prioritarias, en particular la del titular de la Agencia de Investigación Criminal”.