Por Victor Barrera 
El mandatario colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, y el presidente electo, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, rompieron este martes el proceso de traspaso de gobierno en medio de acusaciones mutuas de violar los cauces institucionales y formular incriminaciones difamatorias que afectan el normal desarrollo del relevo del poder.
En lo que constituye una nueva escalada de la confrontación política entre el presidente en funciones y el electo en los comicios del pasado 7 de junio, De la Espriella anunció en X la suspensión inmediata del proceso de traspaso “con el gobierno corrupto que está terminando su mandato”.
Poco después, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, delegado de Petro para las labores de entrega-recepción de la administración pública al gobierno entrante, dio instrucciones a todos los ministerios de cancelar el proceso de empalme ante la falta “de condiciones mínimas de respeto institucional para continuar” el proceso.
El empalme, dijo, “no es una investigación penal ni una plataforma política, sino un proceso institucional entre administraciones” y las investigaciones disciplinarias, fiscales o penales “corresponden exclusivamente a las autoridades competentes”.
El equipo de De la Espriella y el propio presidente electo han reiterado que el proceso de empalme les va a servir para detectar los casos de malversación de fondos del gobierno “más corrupto de la historia de Colombia” e incluso amenazan con extraditar a Petro a Estados Unidos y procesarlo penalmente.
Petro dijo el lunes que su gobierno no se deja ni insultar no mancillar y afirmó que el que debe explicar el origen de su fortuna y sus relaciones con paramilitares, narcotraficantes y el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, es el presidente electo.