Por Victor Barrera 
A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Amnistía Internacional (AI) exigió al gobierno federal que el Ejército entregue toda la información que mantiene pendiente sobre el caso, incluida la relacionada con 853 folios que las familias de los estudiantes han reclamado durante años.
La organización sostuvo que el ocultamiento de información constituye uno de los obstáculos que persisten en la investigación y recordó que existe una orden judicial para que sean entregados documentos generados en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro” (CRFI), con sede en Iguala, Guerrero.
“Amnistía Internacional acompaña la exigencia de las familias de los estudiantes, para que el Ejército entregue la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia ‘Centro’ (CRFI), con sede en Iguala, Guerrero”, declaró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de la sección mexicana de la organización.
De acuerdo con el posicionamiento de AI, la entrega fue ordenada por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México al resolver el juicio de amparo 1350/2023.
La información está vinculada con 853 folios reclamados reiteradamente por los familiares de los estudiantes, organizaciones sociales y, mientras participó en la investigación, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Amnistía Internacional recordó que, al concluir su participación en el caso el 31 de julio de 2023, el GIEI sostuvo que la información que había recibido era “parcial” y corroboraba la existencia de otros documentos con datos relacionados con la detención y traslado de normalistas durante los hechos y en fechas posteriores.
“La transparencia tiene un peso fundamental en la responsabilidad que tiene el Estado mexicano en este caso paradigmático de desaparición forzada”, sostuvo Olivares Ferreto.
La organización también pidió investigar el borrado de los videos captados por las cámaras del Palacio Municipal de Iguala. En su comunicado señaló que esa decisión se atribuye al exgobernador Ángel Aguirre Rivero y a otras dos personas que habrían ejecutado la orden.
AI consideró que la eliminación de esas grabaciones debe ser investigada por la gravedad que implicaría la desaparición de pruebas y el posible encubrimiento relacionado con esa decisión.
La organización señaló además que, aunque las diligencias sobre el caso continúan, la lentitud con que se han desarrollado ha derivado en más de una década sin que se esclarezca lo ocurrido.
“Amnistía Internacional reitera que el gobierno tiene la obligación, bajo el derecho internacional, de hacer todas las gestiones necesarias para esclarecer los casos de personas desaparecidas, y para llevar a quienes resulten sospechosos de responsabilidad penal ante tribunales ordinarios, en juicios justos en apego a lo establecido en los instrumentos internacionales firmados por México”, señaló.
En su posicionamiento, AI reconoció también las aportaciones realizadas durante estos 12 años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el GIEI, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y las organizaciones que han acompañado a las familias.
Según la organización, su participación ha sido fundamental para corregir y conseguir avances en la investigación.
Amnistía Internacional respaldó además la exigencia de los familiares para que cualquier nueva información relacionada con el caso les sea comunicada primero mediante los canales oficiales establecidos.
“Hacemos eco también de lo señalado por las familias de los jóvenes desaparecidos en el sentido de que toda información del caso corresponde conocerla en primer lugar a ellas, por los conductos oficiales establecidos, y que se deje de difundir información carente de sustento o tendente a cuestionar su lucha para conocer el paradero de sus hijos y lograr justicia y reparación integral del daño”, expresó Olivares Ferreto.
La organización reiteró finalmente que corresponde al gobierno federal exigir al Ejército la entrega de toda la información que posee sobre la desaparición de los estudiantes y que ha sido solicitada durante años por sus familias y, en su momento, por el GIEI, además de estar contemplada en la orden judicial referida por Amnistía Internacional.