Por Victor Barrera 
La diputada federal del PAN, Genoveva Huerta, dijo que una vez más, el grupo en el poder, el Gobierno y Morena se quitan la máscara y le demuestran a México cuáles son sus verdaderas prioridades: ir en coalición electoral con el crimen organizado.
Esto, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara disposiciones de la reforma electoral de Chihuahua relacionadas con sanciones explicitas a candidaturas o partidos políticos con sospecha de vínculos con actos de intervención delictiva.
“Se dio a conocer la decisión de dejar fuera la iniciativa impulsada desde Chihuahua que buscaba castigar e impedir que aspirantes a cargos públicos con nexos con la delincuencia organizada pudieran postularse. Una propuesta que no solo era lógica, sino urgente”.
Se trataba, dijo la panista, de blindar nuestra democracia y proteger a las familias de narcopolítica como sucede en Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas o en Baja California.
“¿Y cuál fue la respuesta del partido oficialista, de Morena?. Bloquearla al rechazar este tipo de candados, Morena manda un mensaje claro y peligroso: encubrir, solapar y proteger a quienes tienen vínculos oscuros”.
La panista dijo que sólo así pueden ganar elecciones. “Con la mano negra de la delincuencia, con la sombra del miedo y con el robo de urnas o levantamiento de candidatos que van a la alza en las preferencias, toda nuestra solidaridad con el pueblo de Chihuahua”.
La diputada Laura Álvarez Soto, habló de la urgencia de cerrarle el paso a los narcopolíticos y a los narcogobiernos que, hoy en día, son de Morena.
“No vamos a dejar que el crimen organizado capture las elecciones. Lo que está ocurriendo en Chihuahua nos deja una lección para todo México: necesitamos reglas electorales que sean constitucionalmente sólidas y que permitan reaccionar cuando haya evidencia de intervención criminal”.
Agregó que, no se trata solamente de quién gana una elección; se trata de quién tiene capacidad de decidir quién puede competir.
Desde el PAN se propone blindar las elecciones desde la fiscalización reforzada de recursos de campañas, investigación financiera y de vínculos criminales de candidatos cuando existan elementos objetivos.
Así como protección efectiva de candidatos amenazados, para que el crimen no pueda eliminar competidores mediante violencia.
“Causales claras de nulidad electoral cuando se pruebe que la delincuencia organizada intervino y esa intervención fue determinante en el resultado”.
Una democracia en la que el narco decide quién compite deja de ser una democracia para ser una narcocracia.
La panista Laura Álvarez precisó que la SCJN una vez más le falló a México y con sus resoluciones a modo, abraza a los delincuentes y pone en riesgo a los ciudadanos.
“Todos queremos blindar el voto ciudadano frente al dinero, amenazas, violencia o presión del crimen organizado. Pero la SCJN blindó intereses políticos y complicidades”.