Por Victor Barrera 
El diputado federal Rubén Moreira Valdez exigió al Órgano de Administración Judicial (OAJ) y al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) investigar a fondo y sin represalias las denuncias de acoso, hostigamiento, violencia laboral y malos tratos dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF), al tiempo que demandó transparentar las decisiones sobre cambios de adscripción de personas juzgadoras.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI pidió que se atiendan de manera inmediata las denuncias hechas públicas por trabajadoras y trabajadores, como las que ocurren en Campeche, mediante investigaciones imparciales, protección a quienes denuncian y mecanismos que impidan cualquier tipo de represalia, sin prejuzgar sobre la responsabilidad de las personas señaladas.
Moreira Valdez advirtió que la transformación del Poder Judicial no puede traducirse en pérdida de experiencia, incertidumbre para sus trabajadores ni afectaciones al servicio de justicia, por lo que solicitó al OAJ elaborar y hacer público un diagnóstico sobre la pérdida de personal con experiencia y formación especializada desde la entrada en operación del nuevo modelo judicial.
El diagnóstico deberá precisar vacantes, separaciones, sustituciones y áreas afectadas, así como evaluar su impacto en las cargas de trabajo y en la calidad de la impartición de justicia, con el propósito de preservar el conocimiento institucional y fortalecer la capacitación del personal.
Además, el legislador priista demandó que el OAJ haga públicos los criterios normativos, técnicos y administrativos utilizados para determinar las adscripciones, readscripciones y cambios de juezas, jueces, magistradas y magistrados federales, salvaguardando únicamente aquella información que legalmente deba permanecer reservada.
Señaló que la movilidad de las personas juzgadoras debe sujetarse a reglas claras, objetivas y verificables, pues cualquier cambio que carezca de transparencia puede generar incertidumbre, afectar la continuidad de los procesos y provocar retrasos en la impartición de justicia, en perjuicio del derecho a una justicia pronta y expedita establecido en el artículo 17 constitucional.
Por ello, el exgobernador de Coahuila planteó también la emisión y publicación de lineamientos generales para regular la movilidad y reasignación de personas juzgadoras, bajo principios de legalidad, transparencia, objetividad, seguridad jurídica e independencia judicial.
También urgió a transparentar el cumplimiento del Artículo Décimo Transitorio de la reforma judicial, particularmente en lo relativo al pago oportuno de indemnizaciones, prestaciones y pensiones complementarias para las personas juzgadoras que concluyeron su encargo bajo ese régimen.
Finalmente, Rubén Moreira Valdez sostuvo que las nuevas facultades de movilidad judicial deben ejercerse con absoluta transparencia y reglas públicas, a fin de evitar cualquier sospecha de discrecionalidad o uso político, fortalecer la confianza ciudadana y preservar la independencia del Poder Judicial de la Federación.