Por Victor Barrera 
En México, los estados y municipios son quienes enfrentan de manera más directa las consecuencias adversas del cambio climático; sin embargo, son quienes cuentan con menos recursos fiscales para mitigación y adaptación. Ante esa situación, es necesario fortalecer su capacidad para implementar esquemas de recaudación progresivos, con perspectiva climática, señalan especialistas de organizaciones que tienen como causa la defensa del medio ambiente y la justicia fiscal.
Los especialistas sostienen que estados y municipios necesitan recursos para avanzar hacia una transición justa, entendida como el paso de una economía intensiva en combustibles fósiles y emisiones de gases de efecto invernadero hacia una economía baja en carbono, procurando que los costos sociales y económicos de esta transformación no recaigan desproporcionadamente sobre trabajadores, comunidades o grupos en situación de vulnerabilidad.
Con mayores capacidades fiscales, sostienen, los gobiernos subnacionales podrán enfrentar las consecuencias adversas que los fenómenos y cambios relacionados con el clima pueden provocar sobre las personas, la economía, la infraestructura y los ecosistemas.
Según el Mecanismo de Seguridad Climática de la Organización de las Naciones Unidas, el planeta enfrenta una crisis provocada por el cambio climático que se caracteriza por el aumento acelerado en la temperatura del planeta, así como por la mayor frecuencia e intensidad de fenómenos extremos que ya están generando impactos graves y, en muchos casos, irreversibles en las personas, las economías y la estabilidad social.
En México el problema es mayor que a escala mundial. De acuerdo con reportes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el territorio mexicano se está calentando más rápido que el promedio global, debido, entre otros factores, a su ubicación geográfica y a la pérdida acelerada de ecosistemas reguladores, a los que suma su alta vulnerabilidad climática.
Mientras el promedio de la temperatura del planeta aumentó entre 1.1 y 1.5 grados Celsius, en comparación con la era preindustrial, en el territorio mexicano fue de alrededor de 1.9 grados.
La situación se agrava si se considera que en el país la crisis climática está interrelacionada con otras dos: la de finanzas públicas y la de desigualdad, advierte Sophia Appl Scorza integrante de la Secretaría técnica de la Alianza por la Justicia Fiscal (AJF).
Lo importante ─subraya─ es que esas tres situaciones no deben verse como fenómenos aislados, sino como expresiones distintas de un mismo problema estructural que exige respuestas integrales.
En el análisis “Hacia un sistema fiscal progresivo y verde. El potencial de los gobiernos subnacionales en la transición justa”, elaborado de manera conjunta por el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México) y la AJF, se subraya que los impactos del cambio climático en el país se materializan en costos presentes, medibles y crecientes. Uno de los más visibles es el costo de los desastres ocasionados por fenómenos naturales.
De acuerdo con cifras del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), en 2024 los fenómenos hidrometereológicos dejaron como saldo 412 defunciones; 793,359 damnificados; pérdidas estimadas en 12,071 millones de pesos corrientes que representan 83.6% del total estimado para todos los desastres ocurridos ese año en el país (14,439.9 millones de pesos); 190,125 viviendas dañadas y seis hospitales dañados.
Por otra parte, según la ficha de datos para México del informe 2025 de The Lancet Countdown sobre salud y cambio climático, entre 2015 y 2024, las pérdidas asociadas a la mortalidad relacionada con el calor ascendieron a 3,066 millones de dólares anuales, lo que equivale a 195% más que en el periodo 2000-2009.
La misma fuente estima las pérdidas laborales potenciales por calor en 2024 en 9,930 millones de dólares, que equivalen a 0.5% del PIB y afectaron principalmente a la agricultura (32%) y a la construcción (26%).
Además, refiere que en 2024, en comparación con el periodo 2003–2007, se registraron 15% más días de exposición de la población a incendios forestales, así como un aumento de 27% en las concentraciones de partículas suspendidas menores a 2.5 micras.
Indica que también la población estuvo expuesta a un 29% más de días con peligro de incendio muy alto o extremo. Entre 2015–2024, 1.4% del territorio mexicano sufrió al menos tres meses de sequía extrema cada año, 1.06 puntos porcentuales más que en el periodo 1981–1990, principalmente en Sonora y Chihuahua.
México registra uno de los niveles de recaudación más bajos en América Latina, equivalente a 15.2% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026, enfatizan WRI México y la AJF.
El panorama se agrava si se considera que tiene un déficit fiscal amplio proyectado de 4.1% del PIB para 2026 y una deuda pública que se ubicó entorno a 51% del PIB en la primera mitad de 2026, según datos de la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en 2027, el espacio fiscal disponible para implementar políticas públicas equivaldrá a alrededor de 1.77% del PIB.
Eso restringe significativamente el margen de maniobra del gobierno federal y de los estados para movilizar recursos hacia inversiones de largo plazo.
WRI México y la AJF subrayan que 81.7% de los ingresos estatales dependen de transferencias federales, por lo que su capacidad de generar políticas públicas propias que correspondan a las necesidades específicas de sus territorios resulta limitada.
Por otra parte, si bien actualmente 18 de las 32 entidades federativas del país cuentan con al menos un impuesto ecológico, estos instrumentos enfrentan problemas de diseño e implementación.
A pesar del dinamismo en la adopción de impuestos ambientales a nivel subnacional, la recaudación per cápita por medio de estos impuestos disminuyó 27% entre 2018 y 2024.
Una revisión de los planes estatales de desarrollo vigentes y los presupuestos anuales para el año 2026, realizada por ambas organizaciones mostró que la mayoría de los estados incluye algún eje vinculado al medio ambiente o al cambio climático, pero en la mayor parte de los estados el presupuesto asignado representa menos del 1 % de sus recursos totales.
Esa brecha no es atribuible únicamente a restricciones fiscales: también refleja la ausencia de instrumentos técnicos adecuados para medir, etiquetar y verificar el gasto climático, así como la débil coordinación entre autoridades hacendarias y ambientales en todos los niveles de gobierno.
Actualmente menos de la mitad de las entidades federativas cuenta con un anexo presupuestario para la acción climática, entendida como el conjunto de políticas, decisiones, inversiones y medidas concretas destinadas a enfrentar el cambio climático, tanto actuando sobre sus causas como reduciendo sus consecuencias, indica Sophia Appl Scorza.
Los especialistas destacan que en el país persisten desigualdades estructurales que son profundizadas por la crisis climática, cuyos costos recaen de manera desproporcionada sobre las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad.
Por ello es necesario diseñar instrumentos fiscales que desincentiven prácticas contaminantes sin trasladar cargas adicionales a quienes menos tienen y que canalicen los recursos generados hacia la protección de los grupos históricamente más expuestos a los efectos del cambio climático.
Los impuestos ambientales bien diseñados, implementados, coordinados y etiquetados hacia políticas de mitigación y adaptación climática pueden ayudar a cerrar la brecha de financiamiento y desincentivar actividades que profundizan la crisis climática y la desigualdad, al mismo tiempo que contribuyen al desarrollo local.
Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que el nivel de desigualdad medido por el coeficiente Gini podría aumentar más de 20% a raíz del cambio climático.
Para Sophia Appl Scorza, son los estados con más incidencia de pobreza los que registran más pérdidas relativas asociadas a los efectos del cambio climático.
Luis Miguel Galindo, director de Clima, Economía, Finanzas y Energía de WRI México, afirma que transitar hacia un desarrollo sustentable no solo es una aspiración legítima, sino una necesidad fundamental para generar crecimiento y mejorar el bienestar.
De acuerdo con el especialista, la política fiscal verde ocupa un lugar central en esa transición.
Sin embargo, admite que para lograr una política fiscal verde se requiere construir consensos estables que permitan vincular las dimensiones económica, social y ambiental.
En opinión del especialista, distintas instituciones pueden converger para construir políticas fiscales verdes que contribuyan a las transformaciones estructurales que requiere el país y el mundo.
WRI México y la AJF subrayan la necesidad de avanzar hacia una fiscalidad justa y verde implica enfrentar varios retos. Aunque existen instrumentos fiscales de este tipo, persisten limitaciones en su diseño.
Un ejemplo es el impuesto a la tenencia vehicular, que se aplica en ocho entidades federativas. Pese a que tiene un importante potencial para contribuir a la mitigación de emisiones del sector transporte, su diseño no incorpora criterios ambientales de manera sistemática.
Otro ejemplo es el sistema de fijación de precios al carbono: al menos 12 entidades federativas han desarrollado impuestos a las emisiones de carbono, con cuotas que van de los 100 a los 640 pesos por tonelada de dióxido de carbono equivalente. De acuerdo con la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GUZ) las cuotas son insuficientes para generar incentivos para que las empresas reduzcan sus emisiones y no cubren los costos sociales y ambientales que esas emisiones provocan.
Los especialistas reconocen que el diseño y la implementación de una política fiscal con perspectiva climática enfrentan obstáculos de viabilidad política.
Eso supone fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos subnacionales, mejorar la coordinación entre autoridades hacendarias y ambientales en los distintos órdenes de gobierno y construir aceptación social en torno a los instrumentos fiscales verdes, con diálogo y transparencia sobre el destino de los recursos.
Frente a esos desafíos, WRI México y la AJF plantean una agenda de trabajo conjunta para acompañar técnicamente a los gobiernos subnacionales, organizada en cuatro líneas complementarias: el fortalecimiento de capacidades institucionales; la generación de insumos técnicos y evidencia para el diseño de instrumentos; la coordinación multinivel entre las políticas fiscal y climática, y la construcción de aceptación social.