Por Victor Barrera 
El financiamiento de la educación superior en México atraviesa un deterioro sostenido que contrasta con las metas de ampliación de cobertura y fortalecimiento del sistema universitario. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el presupuesto destinado a este nivel acumula una reducción real de 40% desde 2015, año en que alcanzó su máximo histórico.
Para 2026, la asignación fue de 181 mil millones de pesos, equivalente a apenas 0.6% del Producto Interno Bruto, lo que representó una disminución real de 4% respecto de 2025 y el nivel más bajo de financiamiento para educación superior desde el año 2000.
A este escenario se suma la caída en el gasto por estudiante. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estima que en 2026 el monto por alumno se redujo 3.4% en términos reales, al pasar de 47.2 mil a 45.6 mil pesos.
Las principales universidades públicas federales también registran ajustes a la baja: la UNAM tuvo una reducción real de 1.7%, el IPN de 1.6% y la UAM de 1.7%, lo que ocurre en un contexto en el que el país busca incrementar la cobertura de educación superior de 29.3% a 33%.
Para alcanzar esa meta, sería necesario incorporar alrededor de 449 mil estudiantes adicionales, lo que implicaría crear al menos 217 mil nuevos espacios en instituciones públicas, presionando aún más a un sistema que ya enfrenta restricciones presupuestarias.
Frente a este panorama, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa de reforma constitucional para fortalecer el financiamiento de la educación superior pública y evitar su deterioro progresivo.
La propuesta plantea elevar a rango constitucional la protección presupuestaria de las instituciones públicas de educación superior y establecer un parámetro mínimo de inversión equivalente al 2% del Producto Interno Bruto.
Actualmente, el marco jurídico reconoce la necesidad de proteger estos recursos; sin embargo, dicha protección se encuentra principalmente en legislación secundaria. El artículo 62 de la Ley General de Educación Superior establece que el presupuesto no podrá ser inferior al aprobado en el ejercicio anterior, pero no garantiza su mantenimiento en términos reales.
“Un presupuesto nominalmente igual puede significar, en los hechos, un recorte si no se considera la inflación. Por ello, es necesario establecer una protección constitucional que asegure recursos suficientes y crecientes para la educación superior”, explicó la diputada federal.
El objetivo central de la iniciativa es revertir el rezago acumulado, fortalecer la planeación de largo plazo y garantizar condiciones presupuestarias acordes con las obligaciones del Estado en materia de obligatoriedad, gratuidad y ampliación de la cobertura educativa.