Por Victor Barrera 
Luis Miranda Contreras, quien fue secretario de Administración y Finanzas durante el gobierno de Fausto Vallejo en Michoacán, fue detenido junto con cuatro integrantes de su familia y un escolta, señalado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como presunto líder de una red dedicada a la extorsión mediante la suplantación de políticos y funcionarios, para lo cual incluso utilizaba inteligencia artificial.
De acuerdo con un comunicado conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía mexiquense, la organización operaba desde al menos 2021 y se hacía pasar por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobernadores, presidentes municipales y servidores públicos de la Presidencia de la República y otras dependencias federales y estatales.
El propósito era obtener dinero, contrataciones, empleos o información mediante un mecanismo que comenzaba con la suplantación de asistentes y secretarios particulares y concluía con la intervención de un supuesto funcionario de alto nivel que solicitaba a las víctimas “apoyo” para una operación política, agilizar pagos o contratar determinados servicios.
La red, según las autoridades, estaba integrada por Miranda Contreras; su esposa, Liliana “N”; sus hijos Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”, y Agustín Arturo “N”, identificado como escolta.
La investigación de la FGJEM ubicó como centro de operaciones una residencia del exclusivo fraccionamiento La Providencia, en Metepec, Estado de México. Durante un cateo fueron asegurados diversos teléfonos celulares, tarjetas SIM y vehículos de alta gama.
Las autoridades establecieron que los integrantes del grupo utilizaron al menos 19 dispositivos móviles, entre iPhone, Samsung Galaxy y Motorola, que presentan registros de haber sido utilizados con las tarjetas SIM aseguradas y que guardan correspondencia con números telefónicos reportados por algunas de las víctimas.
El mecanismo de la organización estaba diseñado para generar confianza antes de realizar la solicitud de dinero o favores.
Los integrantes del grupo contactaban a políticos, funcionarios y empresarios en sus teléfonos personales haciéndose pasar por asistentes de algún personaje de alto nivel. Para ello utilizaban información obtenida de una red de relaciones personales que, según la Fiscalía, había sido construida durante años como consecuencia de los antecedentes de Miranda Contreras en el servicio público.
El supuesto asistente verificaba datos y posteriormente anunciaba que su jefe establecería comunicación desde su teléfono personal.
“Mi jefe quiere hacerle una llamada desde su celular, por favor, si me proporciona su número en unos minutos se comunica con usted por WhatsApp”, era uno de los mensajes empleados, de acuerdo con la investigación.
Durante esos primeros contactos obtenían información confidencial sobre las víctimas, las dependencias en las que trabajaban y otros funcionarios, además de datos relacionados con operaciones políticas o económicas.
Con esa información, los integrantes de la red podían realizar una segunda llamada haciéndose pasar por el funcionario de alto nivel.
La solicitud consistía en entregar dinero para una supuesta operación política o para agilizar pagos, incorporar a determinada persona a una estructura administrativa o recomendar la contratación de una persona física o moral.
Para reforzar el engaño, los números utilizados por los presuntos extorsionadores tenían imágenes de perfil, nombres, logotipos y otros elementos correspondientes a gobiernos u organizaciones políticas.
La operación incorporó además herramientas de inteligencia artificial para imitar las voces de los personajes suplantados.
La Fiscalía señaló que los integrantes de la red llegaron a crear conversaciones ficticias entre supuestos funcionarios mediante mensajes de texto o de voz, que posteriormente eran compartidas con las víctimas como una forma de reforzar la credibilidad del engaño.
Entre los casos documentados está el intento de extorsión a representantes de una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías para la emisión de documentos de identidad de alta seguridad.
A los empresarios se les habría ofrecido un contrato a cambio de una cantidad importante de dinero.
El primer contacto siguió el patrón identificado por los investigadores: un supuesto asistente se presentó como colaborador de un funcionario, confirmó información sobre los empresarios y posteriormente les anunció que el funcionario se comunicaría directamente con ellos.
Luis Miranda Contreras fue Tesorero General y posteriormente secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013, durante la administración del priista Fausto Vallejo.
De acuerdo con la SSPC y la FGJEM, también ocupó otros cargos en diferentes órdenes de gobierno, experiencia que le permitió conocer estructuras político-administrativas de Michoacán, otras entidades y el gobierno federal.
La Fiscalía mexiquense señala que Miranda Contreras cuenta con antecedentes penales por peculado y que fue inhabilitado en Michoacán.
Además, las autoridades sostienen que debido a que el exfuncionario estaba “boletinado” en el sistema bancario mexicano como consecuencia de su actividad delictiva previa, las exigencias económicas de la red debían realizarse en efectivo.
Cuando necesitaban introducir esos recursos al sistema financiero, presuntamente utilizaban una empresa dedicada a la arquitectura y construcción, propiedad de su hija Aimee “N”.
Parte de los recursos ilícitos, según la investigación, habría sido utilizada para adquirir propiedades en zonas de alta plusvalía y vehículos de alta gama.
Los cinco detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya y quedaron a disposición de la autoridad judicial del Estado de México.
El pasado 6 de octubre fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión y se les impuso prisión preventiva justificada.
La Fiscalía precisó que los cinco detenidos deben ser considerados inocentes hasta que un juez determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria.