Plantea Martha Aracely Cruz modificar metodología de consulta sobre Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos

La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (PT) consideró adecuado ampliar el plazo de consulta de la iniciativa de Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, así como modificar la metodología del proceso para garantizar más participación de las comunidades.

En conferencia de prensa, acompañada por representantes de organizaciones indígenas y afromexicanas, la legisladora señaló que la iniciativa estaba prevista para presentarse este día ante la Cámara de Diputados, pero la Presidencia de la República informó que se ampliaría el plazo para su consulta.

“Qué bueno que no llegó hoy la iniciativa de ley que ya habían planteado, que esperamos que se trabaje a profundidad y que nos den espacio a las y los diputados federales, a las organizaciones de la sociedad civil, para que también podamos aportar en esta construcción de la Ley General de los Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, expresó.

Informó que, como parte del análisis de la propuesta, promovió en la Cámara de Diputados el foro “¿Y el presupuesto? Derechos sin presupuesto”, en el que participaron integrantes de la Coordinadora de Organizaciones y Pueblos Indígenas de México (COPIM).

Detalló que se presentaron los resultados de ocho foros regionales realizados de manera paralela al proceso oficial de consulta, en los que identificaron deficiencias en la metodología y formularon observaciones al contenido de la propuesta.

Por su parte, Carlos De Jesús Alejandro, representante de las organizaciones participantes, explicó que los encuentros permitieron analizar el proyecto, así como recoger planteamientos de comunidades de distintas entidades federativas.

Señaló que entre las principales observaciones se encuentra que la consulta oficial no cumplió, a juicio de las organizaciones, con los principios establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, particularmente en lo relativo a una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.

“Nos convocaron a 84 foros en el territorio nacional, participamos en muchos de ellos, fue acotada nuestra participación en muchos de ellos, no se permitió que se abriera un debate amplio, crítico incluso, revisorio de cada uno de los libros que contenía esta propuesta iniciativa”.

Asimismo, informó que las organizaciones entregaron sus resolutivos, recomendaciones y observaciones a los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y, de manera electrónica, a los 500 legisladores federales.

A su vez, Rafael Reyes, integrante del Observatorio Mesoamericano Indígena y del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, presentó un pronunciamiento derivado de una consulta regional realizada el 3 de octubre en San Luis Potosí, en la cual se rechazó el proyecto de ley por considerar que contiene disposiciones regresivas en materia de autonomía, territorio, personalidad jurídica y derechos colectivos.

Entre sus planteamientos destacó “el retiro inmediato del borrador de trabajo de 453 artículos por su inviabilidad técnica, normativa confusa y su carácter regresivo”.

También solicitó la nulidad del proceso de consulta realizado mediante asambleas regionales, una reforma al artículo 27 constitucional para fortalecer la protección de los territorios indígenas y mecanismos que garanticen la transferencia directa de recursos presupuestales a las comunidades.

Además, expresó su oposición a proyectos extractivos, mineros, energéticos e hidráulicos que pretendan desarrollarse en territorios indígenas sin la autorización de sus asambleas comunitarias; asimismo, señaló la necesidad de fortalecer la protección del patrimonio cultural y los derechos de las mujeres, juventudes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Al concluir la conferencia, la diputada Cruz Jiménez reiteró su disposición a acompañar las demandas de las organizaciones y participar, junto con los demás integrantes de la bancada plural indígena, en la construcción de una legislación que incorpore sus aportaciones.