Por Victor Barrera 
El Gobierno de México presentó avances de la estrategia interinstitucional para combatir el comercio ilícito de combustibles, que incluye el cruce de información fiscal, aduanera, regulatoria y operativa de 16 dependencias del Gobierno federal.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, explicó que, según la información recabada, durante 2025 dejaron de pagarse alrededor de 61,000 millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) relacionado con los combustibles. En contraste, de enero a septiembre de 2026 se reportó una recuperación de 48,411 millones de pesos por ese gravamen, como resultado de las medidas de fiscalización y control.
La mandataria sostuvo que el objetivo es identificar a los responsables de las irregularidades en toda la cadena de suministro, desde la importación hasta la venta en gasolineras, y proceder con inspecciones, sanciones administrativas y denuncias penales cuando corresponda.
Luz Elenea González, secretaria de Energía, detalló que el análisis de las facturas y los registros de compra y venta correspondientes a 2025 permitió identificar un desbalance de 8,824 millones de litros de combustible, equivalente a un monto económico de 61,700 millones de pesos.
Según mencionó, 72% de las inconsistencias se concentró en el segmento de comercialización, mientras que 13% correspondió a los expendios, es decir, las estaciones de servicio. El resto se distribuyó entre los demás participantes de la cadena de suministro.
La funcionaria explicó que el problema radica en las diferencias entre los volúmenes de combustible comprados, vendidos y facturados por las empresas permisionarias, lo que permite detectar operaciones en las que se comercializan hidrocarburos sin un origen debidamente declarado.
A partir de estos hallazgos, Sheinbaum Pardo señaló que su administración profundizará las investigaciones sobre los comercializadores, quienes pueden comprar y vender combustible sin contar necesariamente con infraestructura propia de transporte o almacenamiento.
También, se detalló que se analizan cambios legales para disminuir la participación de estos intermediarios o acotar sus operaciones, con la posibilidad de que los importadores vendan directamente a las empresas transportistas o a otros participantes de la cadena.
Como parte de la estrategia, la Secretaría de Energía puso en marcha, junto con otras instituciones federales, un centro de análisis y monitoreo que integra información de 16 entidades para rastrear los movimientos de hidrocarburos y detectar inconsistencias.
La plataforma concentra registros fiscales, aduaneros, regulatorios y operativos, además de información sobre permisos, importaciones, compras, ventas y transporte. También utiliza sistemas de posicionamiento global (GPS) para dar seguimiento a las unidades que trasladan combustibles.
Sheinbaum Pardo afirmó que el sistema permite conocer quién importa, comercializa, transporta, almacena, distribuye y vende los combustibles. Añadió que existe intercambio de información aduanera con autoridades de Estados Unidos para contrastar los volúmenes de hidrocarburos que salen de ese país con los que ingresan a México.
Por su parte, el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, indicó que se impusieron 500 multas por declaraciones erróneas, tardías o inexactas y se iniciaron procedimientos administrativos contra ocho agentes aduanales.
En el sector energético, la Comisión Nacional de Energía identificó y dio seguimiento a 61,557 unidades de transporte de combustible mediante códigos QR y sistemas GPS. También canceló 264 permisos de expendio y comercialización, mientras que otros 307 permanecen en procedimientos de sanción o revocación.
Mientras que, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló el registro de 2,224 empresas por vender combustibles sin los permisos correspondientes. Además, impuso 6,483 multas a 2,032 gasolineras por incumplimientos relacionados con los controles volumétricos, dio de baja del padrón de importadores a 180 empresas por contrabando y catalogó a otras 175 como empresas factureras, con los avisos correspondientes a las autoridades.
En el ámbito penal, el SAT presentó 152 denuncias por contrabando e incumplimiento de controles volumétricos; la Procuraduría Fiscal de la Federación, 127 casos por defraudación fiscal; la Comisión Nacional de Energía, 50 casos penales por inconsistencias en los volúmenes despachados en estaciones de servicio; Pemex, 10,674 denuncias por robo de combustible, y la Agencia Nacional de Aduanas de México, 11 casos por contrabando y falsedad en declaraciones de importación.