Por Victor Barrera 
Lysette Raquel Lameiro Camacho presentó este jueves 22 de octubre su renuncia irrevocable a la presidencia del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP), luego de que una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló sus vínculos empresariales con sociedades sancionadas por el gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
La dimisión se produjo apenas un día después de que la funcionaria rechazó públicamente cualquier relación con actividades ilícitas y negó ser socia de las empresas señaladas en la investigación.
En una carta dirigida al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Lameiro Camacho denunció que su salida obedeció a una solicitud injustificada de separación del cargo, derivada de lo que calificó como calumnias y difamaciones periodísticas.
“Atestiguo cómo calumnias y difamaciones periodísticas, carentes de todo sustento moral y legal, han desembocado en la solicitud injustificada de mi separación del cargo”, sostuvo.
La exfuncionaria agregó: “Retirarme de esta responsabilidad institucional no es un acto de claudicación, sino un imperativo de honor. Asumo esta decisión para dedicar con cada una de mis fuerzas y minutos a esclarecer el origen de esta vil difamación”.
En su escrito recurrió a referencias filosóficas de Marco Aurelio, Epicteto y Séneca para defender su trayectoria y cuestionar los señalamientos que provocaron su salida del organismo estatal.
De acuerdo con la investigación de MCCI, sustentada en documentos del Registro Público de Comercio, Lameiro Camacho aparece vinculada a The Woods Bar, una de las empresas incluidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su lista de sanciones del 29 de septiembre de 2026.
La investigación señala que Lameiro fue socia fundadora de The Woods Bar en noviembre de 2020, cuando adquirió el 13% de las acciones.
Para diciembre de 2025, cuando ya presidía el IAP de Chiapas, mantenía junto con su hermano Juan Manuel una participación accionaria conjunta del 20 por ciento, según los registros consultados por MCCI.
El principal accionista de The Woods Bar, con el 70% de participación, era Luis Alfonso Torres Torres, señalado por las autoridades estadunidenses por presuntamente recibir sobornos y participar en operaciones de lavado de dinero vinculadas con el Cártel de Sinaloa en Baja California.
La OFAC también incluyó entre las empresas sancionadas a Vida Orgánica Tijuana.
MCCI documentó otras coincidencias empresariales entre Lameiro Camacho y personas vinculadas con esas sociedades.
Entre ellas se encuentra Desarrolladora Plaza Revolución, donde coincidió con Luis Alfonso Torres Torres y fue nombrada gerente, así como Desarrolladora El Sombrero, en la que figuró junto con Jorge Alfredo Torres.
La investigación también identificó que su hermano Juan Manuel compartió participación en Vida Orgánica Tijuana con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su exesposo, Carlos Torres, a quien el Departamento del Tesoro acusa de ser “político vinculado con el cártel quien tiene una alianza con ‘El Ruso’ (el capo Juan José Ponce Félix)”.
Los registros mercantiles documentan relaciones societarias, aunque por sí mismos no acreditan que Lameiro Camacho haya participado en las actividades ilícitas atribuidas por las autoridades estadunidenses a otras personas.
El miércoles 21 de octubre, tras difundirse la investigación, Lameiro Camacho emitió un comunicado en el que rechazó cualquier vínculo con el crimen organizado.
“No tengo participación en dichas actividades ni soy socia de las empresas con las que se me pretende vincular. Rechazo categóricamente las acusaciones que me atribuyen vínculos con el crimen organizado”, afirmó.
También sostuvo: “No he cometido delito alguno, ni he participado en actividades ilícitas que comprometan mi integridad”.
En su defensa argumentó que las participaciones empresariales heredadas de su padre en Tijuana no debían confundirse con los señalamientos contenidos en la investigación.
Sin embargo, menos de 24 horas después presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del IAP.
La carta de dimisión introdujo un nuevo elemento en la controversia, pues Lameiro Camacho sostuvo que existió una solicitud para separarla del cargo, aunque en el texto citado no identifica quién la formuló.
Lameiro Camacho asumió la presidencia del IAP de Chiapas en diciembre de 2024, al inicio de la administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.
El IAP tiene entre sus principales funciones la capacitación, certificación y profesionalización de servidores públicos de las dependencias estatales y de los ayuntamientos.
Durante su gestión encabezó convenios de colaboración institucional, entre ellos uno con la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género.
También coordinó el Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM), mediante el cual fueron capacitados más de mil 100 servidores públicos de 27 ayuntamientos en materias relacionadas con comprobación del gasto público, licitaciones, adquisiciones y transparencia.
La renuncia coloca al gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar ante la necesidad de definir la conducción del organismo responsable de profesionalizar a funcionarios estatales y municipales, en medio de las repercusiones de una investigación sobre vínculos empresariales con sociedades sancionadas por Estados Unidos.