Por Victor Barrera 
La diputada federal Socorro Jasso Nieto presentó una iniciativa para reforzar la protección del patrimonio de las personas adultas mayores mediante el incremento de las sanciones por fraude cuando las víctimas tengan 60 años o más, con el objetivo de evitar que pierdan sus ahorros, pensiones y recursos indispensables para su subsistencia.
La legisladora priista señaló que, aunque el fraude ya está sancionado en el artículo 386 del Código Penal Federal, es necesario establecer una agravante que permita castigar con mayor severidad a quienes se aprovechan de las necesidades económicas de este sector de la población para obtener un beneficio ilícito.
La propuesta contempla aumentar en una mitad los límites mínimo y máximo de las penas aplicables cuando el fraude se cometa contra una persona de 60 años o más. La medida incluiría expresamente los engaños relacionados con la supuesta gestión de prestaciones de seguridad social, pensiones o jubilaciones.
La congresista del PRI indicó que a pesar que el artículo 386 establece sanciones por fraude y determina sus penas conforme al valor de lo defraudado, el monto económico resulta insuficiente para expresar todas las consecuencias que este delito puede ocasionar a una persona adulta mayor, especialmente cuando los recursos perdidos constituían su principal respaldo para cubrir gastos indispensables.
Advirtió que las consecuencias de estos delitos van más allá de la pérdida económica, pues pueden comprometer el pago de alimentos, vivienda, medicamentos y servicios, especialmente cuando las personas afectadas dependen de una pensión o de los ahorros acumulados durante su vida laboral.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población de 60 años y más pasó de representar el 12.3 por ciento de la población mexicana en 2018 al 14.7 por ciento en 2023, lo que evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de protección de sus derechos.
Como ejemplo de los riesgos que enfrenta este sector, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México documentó el llamado “pensionazo”, una modalidad de fraude en la que se ofrecen falsas gestiones para incrementar el monto de las pensiones a cambio de anticipos y datos personales o financieros.
Según los reportes de ese organismo, en el 81 por ciento de los casos se entregó dinero, con cantidades que oscilaron entre cuatro mil y 70 mil pesos. Además, en el 20 por ciento se identificó la solicitud de préstamos a nombre de las personas adultas mayores, quienes posteriormente enfrentaron deudas descontadas de sus pensiones.
La diputada sostuvo que estos engaños aprovechan la necesidad de mejorar los ingresos y pueden comprometer incluso los recursos que las víctimas recibirán en los meses siguientes, afectando directamente su estabilidad económica y calidad de vida.
Por ello, la iniciativa busca que la respuesta penal considere la especial afectación que este tipo de conductas puede ocasionar a las personas adultas mayores, sin criminalizar las gestiones legítimas que no alcancen el resultado esperado.
La diputada Socorro Jasso subrayó que la protección del patrimonio es fundamental para garantizar una vejez digna, con autonomía y seguridad económica, por lo que consideró necesario fortalecer las herramientas legales para sancionar a quienes, mediante el engaño o el aprovechamiento del error, vulneran los bienes y los ingresos de este sector de la población.