Por Victor Barrera 
Por Víctor Barrera
El régimen actual sigue presumiendo que ha sacado de la pobreza a más de 13 millones de mexicanos, y que se ha incrementado el salario mínimo en porcentajes nunca antes visto lo que permite que muchas familias puedan contar con el dinero suficiente para comprar una canasta básica alimentaria, pero esto no es totalmente cierto.
Se dice que México es un país pobre, lo cual tampoco es cierto, lo que pasa es que tenemos políticos codiciosos y creen que son dueños de la riqueza del país y hasta de los mexicanos y pueden disponer de esto como les venga en gana. El problema es que México está mal administrado y por ello no obtenemos los crecimientos económicos que desbebería presentar un país rico en recursos naturales, en gente trabajadora y lo más importante en conocimientos y desarrollos de estos, siempre y cuando se permitiera demostrarlo.
Esta mala administración se basa en no colocar los recursos suficientes para generar riqueza y poderla repartir, sino al contrario se reparte mal, la poca riqueza que se genera y con ello se evita el desarrollo de los motores del crecimiento en México.
El gobierno en sus tres órdenes está obligado a generar el bienestar de su población y esto es en lo último que piensan quienes están en esos puestos públicos. Uno de estos motores es la creación de un ambiente adecuado para atraer inversión privada, que genera la mayor parte de la productividad del país, genera el empleo para captar a las personas que estén en capacidad de laborar otorgando salarios dignos y por supuesto genera riqueza y el pago de impuestos para el beneficio de todos.
Sin embargo, en los últimos 8 años, hemos vivido bajo un régimen que prometió dar un cambio al rumbo que llevamos antes del 2018, porque era uno lleno de corrupción, de generación de pobreza y por supuesto de una falta de soluciones a los problemas cotidianos de la población. Y hasta el momento no ha habido algún resultado político, con beneficio social.
El problema mayor, y que se evita dar solución, quizás porque es el caldo de cultivo para obtener mayor cantidad de votos a cambio de dádivas, es la informalidad, un problema que genera más efectos negativos.
Uno de ellos es un salario bastante precario que además no incluye la protección social, pero tampoco genera la productividad necesaria para fomentar el crecimiento económico del país.
Esto afecta a hombres y mujeres de diferente edades y niveles educativos que, lamentablemente, ante la falta de oportunidad laboral deciden poner un puesto informal o incrustarse en empresas que están totalmente en la informalidad jurídica y hacendaría con ello generando un boquete enorme en las finanzas públicas del país.
Así lo demuestran los datos recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que encienden focos amarillos. En 2024 y 2025 se registraron los niveles más bajos de creación de empleo formal de la última década, excluyendo el periodo de pandemia, por cuestiones lógicas. En ese mismo lapso, el número de patrones registrados cayó 1.7 por ciento a 2.4 por ciento, respectivamente. A esto se suma una estructura frágil del tejido empresarial, pues en 2025, el 94 por ciento de los patrones registrados correspondía a micro y pequeñas empresas, frente a un escaso 4.7 por ciento de medianas y apenas 1.2 por ciento de grandes empresas, evidenciando una riesgosa concentración en la base productiva del país.
Sin embargo, esto no le preocupa a este régimen de la autollamada 4T, porque saben que en este grupo de informalidad existe la oportunidad de captarlos más fácilmente de manera electoral, a través de la entrega de programas sociales, que no disminuyen su pobreza, pero les hacen creer que tiene más recursos para poder obtener una movilidad social.
Esta estrategia resulta contraria a lo que necesita el país, porque se distribuye la poca riqueza creada en esos programas sociales, que son más electorales, y se evita dar solución a muchos problemas que conforman un entorno de pobreza en el país, como son servicios públicos ineficientes, agua potable sucia y contaminada, baches en las carreteras y calles de todo el territorio nacional, falta de energía eléctrica en muchas zonas del país todo ello genera inseguridad y mayor pobreza.
La informalidad se ha convertido en un problema que cada día crece más, para beneficio político del régimen actual y para desgracia de millones de mexicanos.
Atacar la informalidad es el reto no cumplido y que exige modificar las condiciones que desincentivan la formalidad para empresas y trabajadores.
De lo contrario, el país seguirá en el camino de perpetuar un mercado laboral que reproduce la precariedad y compromete el bienestar de su población.