Por Victor Barrera 
El gobierno federal identificó una red de empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas que obtuvo contratos por más de 2,000 millones de pesos en organismos electorales locales entre 2014 y 2023, mediante presuntos esquemas de simulación de competencia, de acuerdo con la investigación presentada por la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.
La funcionaria explicó que la revisión se realizó por instrucciones de Claudia Sheinbaum y que, con base en registros de la Plataforma Nacional de Transparencia y del histórico de CompraNet, identificaron contrataciones con 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) durante ese periodo.
Buenrostro señaló que, entre 2024 y 2025, las empresas del grupo continuaron obteniendo contratos, aunque el número de organismos involucrados habría disminuido de 30 a 15, con un monto identificado de 646 millones de pesos.
La secretaria advirtió que estas cantidades son preliminares y podrán aumentar conforme avance la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), debido a que no todos los contratos están disponibles en las plataformas públicas consultadas.
Según la investigación, las principales compañías identificadas son:
- Cajas Graf
- Formas Finas y Materiales
- Seriplast de México
- Corporativo Zeg
- Formas Finas Fernando Fernández
- Entre otras.
Buenrostro expuso que los hermanos Hernández Casillas comenzaron su trayectoria en la administración pública federal durante la década de 1980. José Alfredo y Raymundo trabajaron en la Secretaría de Gobernación, primero en el Registro Nacional de Población y posteriormente en el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
La funcionaria destacó la relación laboral que mantuvieron con Juan Carlos Padilla Aguilar, quien ocupó cargos en ambas instituciones y fue superior jerárquico de los hermanos. Posteriormente, Padilla trabajó en el Estado de México, donde los Hernández Casillas comenzaron a desarrollar actividades empresariales y a participar como proveedores de material electoral.
Según detalló, desde 1999 una de las empresas del grupo, Cartonera Plástica, comenzó a participar en contrataciones de material electoral en esa entidad. En 2005, agregó, se registró otro escándalo relacionado con un contrato de los hermanos, que derivó en la renuncia de siete consejeros electorales estatales.
También se expuso que, a partir de 2012 y 2013, los empresarios diversificaron sus actividades mediante la constitución de nuevas compañías.
El señalamiento del gobierno es que la red empresarial mantuvo su presencia en las contrataciones electorales después de la reforma de 2014, cuando el Consejo General del INE adquirió facultades para designar a los consejeros de los organismos electorales locales.
Además, que entre 2014 y 2023, durante el periodo del Consejo General encabezado por Lorenzo Córdova, las empresas vinculadas con los hermanos obtuvieron contratos en 23 organismos electorales estatales por más de 2,000 millones de pesos.
La titular de Anticorrupción describió un posible mecanismo de simulación de competencia: empresas relacionadas entre sí participaban en los mismos procedimientos de contratación, pero presuntamente acordaban previamente quién obtendría el contrato y qué precios presentarían.
De esta manera, aunque en apariencia competían distintos proveedores, el beneficiario final de las adjudicaciones habría sido el mismo grupo empresarial.
Al preguntarle sobre si los hermanos Hernández Casillas estarían relacionados con algún grupo delictivo, Sheinbaum Pardo afirmó que hasta ese momento no se había encontrado evidencia de que pertenecieran a una organización criminal.
Sheinbaum Pardo aclaró que las investigaciones por posibles operaciones de lavado de dinero no implican necesariamente vínculos con la delincuencia organizada, pues también pueden referirse a recursos obtenidos mediante contratos presuntamente ilegales y posteriormente transferidos a otras cuentas y empresas.
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que la dependencia realiza análisis financieros para identificar riesgos e irregularidades en el sistema financiero y que puede colaborar con el Ministerio Público cuando este solicita información.
También, la titular del Ejecutivo federal indicó que no se trata de eximir a Taddei ni a otros funcionarios de posibles responsabilidades y sostuvo que la ASF y la FGR deberán investigar a todas las personas que hayan participado en eventuales irregularidades.