Por Victor Barrera 
La diputada federal Ivonne Ruiz Moreno presentó un Punto de Acuerdo por el que exhorta a las autoridades federales de seguridad a establecer y dar seguimiento puntual a mesas de diálogo con organizaciones del autotransporte de carga, a fin de atender sus demandas sobre inseguridad, robos, extorsiones, cobro de piso, deterioro de la red carretera y preocupaciones económico-fiscales.
La legisladora priista solicitó que en estos espacios se adopten compromisos institucionales concretos, identificando a las autoridades responsables de cada área para garantizar el cumplimiento continuo de los acuerdos.
Señaló que se solicita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a la Guardia Nacional y a la Fiscalía General de la República (FGR) fortalecer las labores de prevención, vigilancia e investigación en los tramos de mayor riesgo para los operadores, con especial énfasis en combatir robos de vehículos y mercancías, agresiones, homicidios, extorsiones y cobro de piso.
La representante mexiquense del tricolor también exigió a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) actualizar los diagnósticos sobre el estado físico de las carreteras federales y priorizar tareas de mantenimiento, conservación y señalización para garantizar la seguridad vial del sector.
«Es imperativo que se atiendan las problemáticas denunciadas por el sector transportista respecto de los servicios de grúas y depósitos vehiculares vinculados con el autotransporte federal, y se fortalezcan los mecanismos de supervisión, transparencia y atención de quejas para prevenir posibles cobros indebidos y promover el cumplimiento de la normativa aplicable», aseveró Ruiz Moreno.
Por lo anterior, conminó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a revisar las inquietudes del sector sobre las disposiciones fiscales proyectadas para el ejercicio fiscal 2027 —en particular sobre estímulos fiscales y gastos de peaje— para evaluar su impacto en las empresas, los operadores independientes, el empleo y los costos de operación.
Finalmente, instó a la Secretaría de Gobernación a articular una coordinación efectiva con los gobiernos estatales en materia de prevención del delito y atención a víctimas, destacando que el paro nacional del pasado 26 de octubre de 2026 debe asumirse como un punto de partida para consolidar canales formales de interlocución que protejan una actividad económica estratégica para el país.