José Luis Abarca recibe condena de 60 años por homicidios ligados a Ayotzinapa

El exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, fue condenado a 60 años de prisión por su responsabilidad en los homicidios de seis personas, entre ellas el normalista Julio César Mondragón Flores, asesinadas durante los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La sentencia fue emitida este jueves 19 de noviembre por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, dentro de la causa penal 4/2018 y sus acumuladas 5/2018, 6/2018 y 7/2018, que también incluyen delitos de lesiones.

De acuerdo con la resolución, Abarca actuó como inductor de los homicidios, mientras que Felipe Flores Velázquez, entonces director de la Policía Municipal de Iguala, fue considerado autor mediato de los crímenes.

La condena también contempla el homicidio simple en grado de tentativa contra 61 personas, relacionado con el ataque armado perpetrado contra el equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo, la misma noche en que ocurrieron las agresiones contra estudiantes normalistas.

Entre las víctimas cuyos homicidios fueron incluidos en la sentencia se encuentran Blanca Montiel Sánchez, considerada víctima colateral; los normalistas Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, así como Víctor Manuel Lugo Ortiz, chofer del autobús de Los Avispones, y David Josué García Evangelista, conocido como “El Zurdito”, jugador de 15 años.

Las dos últimas personas murieron cuando hombres armados dispararon contra el autobús en el que viajaban jugadores y miembros del cuerpo técnico del equipo de fútbol, en el crucero hacia la comunidad de Santa Teresa, en el municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.

El ataque ocurrió después de que el conjunto regresaba a Chilpancingo tras disputar un partido de tercera división contra Las Iguanas. Durante la agresión, los pasajeros pidieron a los atacantes que dejaran de disparar y les advirtieron que eran futbolistas, pero los tiros continuaron.

La resolución fue impugnada por la defensa de José Luis Abarca, que cuestionó tanto el procedimiento judicial, como la valoración de las pruebas.

El abogado Alejandro Rojas sostuvo que el exalcalde no tenía el control de la Policía Municipal de Iguala, debido a que, desde mayo de 2014, el mando de la corporación había sido entregado al gobierno estatal mediante un acuerdo de Cabildo y un convenio de asunción de funciones.

El litigante también criticó el cambio de titular en el juzgado y señaló que la defensa presentó documentación que, a su juicio, no fue valorada adecuadamente durante el proceso. La apelación deberá ser revisada por un Tribunal Colegiado de Apelación, que tendrá la facultad de confirmar, modificar o revocar la sentencia.

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad, organización que acompaña a la familia de Julio César Mondragón Fontes, consideró que la sentencia representa un avance en la búsqueda de justicia, aunque reprochó que no se incluyera el delito de tortura.

El estudiante normalista fue localizado sin vida el 27 de septiembre de 2014, con lesiones graves y el rostro desollado. De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), su cuerpo presentaba 64 fracturas en 40 huesos del cráneo, la cara, el tórax y la columna vertebral.

La organización exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar los hechos como tortura, utilizar los dictámenes forenses existentes y llevar ante la justicia a quienes participaron, ordenaron o permitieron las agresiones.

También pidió que se revisen en segunda instancia los aspectos que quedaron pendientes en torno al asesinato del normalista y que se garantice una reparación integral del daño a sus familiares.

El exalcalde de Iguala permanece preso y enfrenta otros procedimientos judiciales. Entre sus antecedentes se encuentra una condena de 20 años de prisión por el homicidio del activista Justino Carbajal Salgado, ocurrido en marzo de 2013.

También se le impuso previamente una sentencia de 92 años de prisión por el secuestro de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, entre ellos Arturo Hernández Cardona. Este fallo también se encuentra sujeto a revisión judicial.

Abarca fue detenido en 2014 y posteriormente ingresó al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. El 30 de abril de 2025 fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 18, en Coahuila.

Además, enfrenta procesos relacionados con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud.