Por Victor Barrera 
El cerco judicial se estrecha en torno a la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien fue citada a declarar a principios de julio como investigada en un caso de resunta corrupción y tráfico de influencias.
Desde que se anunció esta investigación contra Begoña Gómez, el tema se ha convertido en una pesadilla para el socialista Pedro Sánchez, quien llegó a anunciar a finales de abril, para sorpresa general, que consideraba renunciar, algo que finalmente no hizo.
El asunto escaló este martes, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anunció que Begoña estaba citada a declarar como investigada el 5 de julio.
En un breve comunicado, la justicia explicó que Begoña Gómez debe comparecer “en calidad de investigada” ese día a las 10H00 (08H00 GMT), por los presuntos “delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias“.
El gobierno tiene “absoluta tranquilidad, porque sabemos que aquí no hay nada” contra Gómez, señaló en rueda de prensa la portavoz del ejecutivo, Pilar Alegría, quien aseveró que la denuncia está basada en “mentiras y bulos“.
“Lo que aquí hay es una campaña del fango de la derecha y de la ultraderecha”, subrayó Alegría.
De su lado, la oposición de derecha celebró inmediatamente la noticia.
“No hay (…) cortina de humo que tape que la mujer de Sánchez está investigada por firmar cartas de recomendación para que el gobierno adjudique contratos a empresarios amigos”, escribió en la red social X Cuca Gamarra, secretaria general del conservador Partido Popular, principal formación de oposición.
“Es corrupción en (la sede del Gobierno de) Moncloa. España merece un presidente digno y Sánchez no lo es”, agregó Gamarra.
La decisión de este martes llega después de que la justicia rechazara la semana pasada la solicitud de la Fiscalía que recomendaba cerrar la investigación, al no haber constatado elementos “suficientes” para continuarla.
También se tomó pese a un informe de la Guardia Civil, en el que informaba que no veía delito.
Pero para el tribunal de Madrid “existen indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo“, que “son algo más que simples sospechas” y “son suficientes” para que la investigación continúe.
Las pesquisas fueron abiertas ante una denuncia de un colectivo cercano a la extrema derecha, Manos Limpias, que admitió que se basó únicamente en artículos de prensa.
El tribunal, al desestimar el recurso de la Fiscalía, acotó el alcance de la investigación, que se centró inicialmente en los vínculos de Gómez con el director general del grupo turístico español Globalia, en el momento en que este último negociaba ayudas públicas para su aerolínea Air Europa durante la pandemia de covid.
Pero el tribunal desestimó esa parte del caso alegando que partía de una base “inverosímil“, y limitó las pesquisas a contratos públicos adjudicados a un empresario que tenía relaciones profesionales con Gómez.
A finales de abril, Sánchez enmarcó los señalamientos contra su esposa en una estrategia de “acoso y derribo” contra su gobierno de izquierda llevada a cabo por “medios de marcada orientación derechista y ultraderechista“, apoyados por la oposición conservadora.
“Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y mi Gobierno es un gobierno limpio”, dijo Sánchez en el Congreso de los Diputados hace dos semanas, dando por sentado que la justicia terminará por archivar las “denuncias falsas”.
Las acusaciones contra Gómez provocaron una crisis diplomática con Argentina el mes pasado.
De visita en Madrid para asistir a una convención del partido de extrema derecha Vox, el presidente argentino, el ultraliberal Javier Milei, se hizo eco de los ataques de la derecha española contra la esposa de Sánchez, y se refirió a ella como “mujer corrupta“.
En respuesta, España retiró “definitivamente” a su embajadora en Argentina.