Por Victor Barrera 
Bajo la consigna de combatir lo que denominan “tarifas de hambre” y un esquema de “explotación digital”, cientos de conductores de plataformas como Uber, Didi e In Drive paralizaron el martes 14 los accesos al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, además de varias vialidades de los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco.
La movilización, que se extendió por casi 12 horas, evidenció la precariedad laboral y las limitaciones de las autoridades para regular a empresas tecnológicas transnacionales.
La jornada de protesta inició a las 07:00 horas con una concentración en las inmediaciones del estadio Akron en Zapopan. Cerca del mediodía, la caravana partió hacia la terminal aérea, recorriendo arterias clave como el puente Matute Remus y la carretera a Chapala, haciendo una parada especial en el Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones, y Transporte (SICT).
La Policía Vial de Jalisco reportó la participación de alrededor de 250 vehículos, y los organizadores afirmaron que la movilización reunió a más de mil 500 operadores, quienes avanzaron a paso lento y saturaron el flujo vehicular hacia el aeropuerto, con su punto más crítico alrededor de las 15:30 horas.
El núcleo del conflicto no se centró en el gobierno, sino en el modelo de negocio de las plataformas digitales. Un taxista que se identificó como Charly García, integrante del movimiento, señaló que las empresas han incrementado sus márgenes de ganancia a costa de los ingresos de los conductores.
“Estamos en contra de las plataformas. En un viaje de 100 pesos, la empresa se queda con la mitad. De lo que sobra, nosotros pagamos gasolina —que ronda los 30 pesos por litro—, mantenimiento, seguros e impuestos. Al final, trabajamos de 12 a 14 horas solo para sobrevivir”, denunció.
Los inconformes identificaron tres ejes centrales en sus demandas:
- Reducción de comisiones: Denuncian retenciones de hasta el 50 por ciento, lo que deja márgenes de ganancia que consideran “insostenibles”.
- Competencia desleal: Acusan que las aplicaciones permiten el registro de unidades con placas de otros estados y modelos anteriores a 2016, lo que, sostienen, satura el mercado y deprecia el servicio en contravención de la normativa local.
- Vacío legal y laboral: Señalan la ausencia de prestaciones básicas, como aguinaldo y seguridad social, en un esquema donde las empresas evaden responsabilidades patronales.
El bloqueo no solo afectó a miles de pasajeros qué llegaron y salieron del aeropuerto, sino que reactivó la disputa por el control de la zona federal. Los manifestantes cuestionaron los operativos de la Guardia Nacional, que les impiden el ascenso de pasajeros en la terminal, y denunciaron presuntos tratos diferenciados dentro del sistema de transporte.
Ante la parálisis, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) implementó un operativo de contingencia mediante camionetas tipo van para trasladar a usuarios desde los accesos viales hasta la terminal.
Pese a las afectaciones, el organismo reportó únicamente la demora del vuelo Volaris VOI1230 con destino a Mérida, aunque en redes sociales se multiplicaron los reportes de retrasos y complicaciones para los pasajeros.
El bloqueo no solo afectó a miles de pasajeros qué llegaron y salieron del aeropuerto, sino que reactivó la disputa por el control de la zona federal. Los manifestantes cuestionaron los operativos de la Guardia Nacional, que les impiden el ascenso de pasajeros en la terminal, y denunciaron presuntos tratos diferenciados dentro del sistema de transporte.
Ante la parálisis, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) implementó un operativo de contingencia mediante camionetas tipo van para trasladar a usuarios desde los accesos viales hasta la terminal.
Pese a las afectaciones, el organismo reportó únicamente la demora del vuelo Volaris VOI1230 con destino a Mérida, aunque en redes sociales se multiplicaron los reportes de retrasos y complicaciones para los pasajeros.
Detrás de la protesta subyace un problema de costos que impacta directamente en los ingresos de los conductores. El precio de la gasolina —que se ubica entre 26 y 30 pesos por litro—, junto con gastos de mantenimiento e impuestos, reduce de forma significativa las ganancias que obtienen tras las comisiones de las plataformas.
A ello se suma un esquema laboral sin garantías básicas. Los operadores trabajan jornadas de hasta 14 horas sin acceso a seguridad social, aguinaldo u otras prestaciones, en un modelo que, según denuncian, traslada todos los riesgos al trabajador mientras las empresas se deslindan de obligaciones patronales.
El conflicto también exhibe la falta de consenso sobre la dimensión de la protesta y, en un sentido más amplio, la ausencia de reglas claras en el sector. La diferencia entre las cifras oficiales y las de los manifestantes refleja esta disputa, en un contexto donde la intervención de autoridades como la Guardia Nacional convive con un vacío regulatorio que, hasta ahora, permanece sin resolverse.