Por Victor Barrera 
A 19 años de que se aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México, organizaciones feministas demandaron al gobierno mexicano eliminar el delito de aborto en todo el país, como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2023.
Según la Secretaría de Salud local, desde el 24 de abril del 2007 -cuando se aprobó el ILE en el entonces Distrito Federal- a la fecha, en la capital mexicana se han realizado casi 300 mil procedimientos “sin ninguna muerte materna”.
En conferencia en el Centro Histórico, las organizaciones civiles aseguraron que el “logro histórico” de hace 19 años en la capital es “insuficiente”, sobre todo, ante el auge de movimientos conservadores en el mundo.
Datos de las organizaciones indican que la CDMX es el principal punto de acceso al ILE en México: cuatro de cada 10 mujeres que abortan en la capital provienen de otras entidades donde tienen restricciones legales.
Alondra Carrasco, de REDefine México, consideró que se necesita trascender la legislación actual que marca el límite de 12 semanas para abortar. El siguiente paso, consideró, debe ser la despenalización total del aborto del Código Penal federal, según los criterios de la Corte.
La coordinadora nacional de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), Patricia López, insistió en que es “urgente y necesario” que el modelo aplicado en la CDMX se transforme en la eliminación del delito en el Código Penal “para seguir siendo un referente nacional, regional y global”.
Aidé García Hernández, directora de Católicas por el Derecho a Decidir México, agregó que eliminar el delito de aborto “no solo es una deuda pendiente, es también una oportunidad para consolidar a la Ciudad de México como referente de derechos humanos”.
Desde 2007, la ILE se ha aprobado en 23 de las 32 entidades de México, luego de la SCJN declaró, en 2023, inconstitucional criminalizar el derecho a decidir. El máximo tribunal del país ordenó al Congreso de la Unión eliminar el delito de aborto del Código Penal, pero el hecho sigue pendiente en varios estados.
Las activistas recordaron que en noviembre de 2024 presentaron ante el Congreso capitalino una iniciativa para eliminar el delito de aborto del Código Penal de la CDMX y pasar su regulación al ámbito de la salud pública para evitar la criminalización y garantizar un acceso efectivo, pero no tuvieron eco ni han recibido respuesta de los legisladores.
En la conferencia, la secretaria de Salud Pública de la CDMX, Nadine Gassman, informó que, desde 2007, se han otorgado aproximadamente 300 mil atenciones en materia de ILE dentro del sistema público de salud de la ciudad “con estándares médicos, protocolos actualizados y acompañamiento profesional”.
Agregó que, durante casi dos décadas de ejercer ese derecho, “no ha habido ninguna muerte materna”.
La exdirectora del Instituto Nacional de las Mujeres dijo que, durante ese tiempo, el sistema de salud ha construido “una experiencia sólida, pionera y reconocida nacional internacionalmente en la garantía de este derecho” de tener un aborto seguro. También se ha abierto camino no solo en el país, sino en múltiples discusiones de América Latina, sobre salud pública y justicia reproductiva.
Además, se ha consolidado un modelo de atención “integral” que no se limita al procedimiento médico, sino incluye consejería, valoración clínica, acceso a métodos seguros y recomendados internacionalmente, seguimiento posterior y vinculación con otros servicios de salud sexual y reproductiva, como anticoncepción y orientación preventiva.
Y dijo que la dependencia trabaja con el IMSS y el ISSSTE “para asegurar que los servicios que son sorprendentemente nuevos, cumplan con todos estos criterios”.
La secretaria de Salud local reconoció que a casi dos décadas de ese momento histórico, existen los retos de vencer desigualdades territoriales y sociales en el acceso a la información y a los servicios.
“No todas las mujeres o personas llegan en las mismas condiciones para ejercer sus derechos. Influyen factores como el nivel de ingreso, la edad, lugar de residencia, las redes de apoyo, el acceso al transporte, la disponibilidad del tiempo y conocimientos sobre las rutas institucionales. Todavía se pueden presentar barreras prácticas en el retraso del acceso y hay también miedo al juicio social”.
El reto permanente de la autoridad, afirmó, es “fortalecer la calidad de los servicios en toda la red pública, asegurar que haya una atención digna, un trato respetuoso, personal sensibilizado, capacitación, continua, infraestructura y abasto”.
En la conferencia, la secretaria de las Mujeres de la CDMX, Dafne Cuevas, recordó que el gobierno capitalino prepara una ley sobre criminalización del aborto para avanzar hacia la despenalización social y atender la criminalización vigente.