Por Victor Barrera 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 19 resoluciones derivadas de Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS) y de vistas ordenadas por la autoridad electoral, relacionadas principalmente con indebidas afiliaciones a partidos políticos y diversas violaciones a la normativa electoral.
Del análisis de 17 POS por indebidas afiliaciones, que involucraron a 42 personas y a los partidos políticos PAN, PRI, PVEM y Morena, el órgano máximo de dirección del INE determinó acreditar la infracción respecto de 25 personas, al no haberse presentado la documentación necesaria para demostrar que las afiliaciones se realizaron de manera voluntaria. Como resultado, se impusieron multas que en conjunto ascienden a poco más de 3 millones de pesos.
En sesión extraordinaria, el Consejero Electoral Arturo Castillo Loza señaló: “Con los 19 asuntos que en unos momentos más se votarán, habremos abatido prácticamente el 100 por ciento del rezago que se tenía en la resolución de Procedimientos Ordinarios Sancionadores”.
Por otra parte, el Consejo General resolvió dos asuntos derivados de vistas ordenadas por la autoridad electoral. En uno de ellos se determinó no acreditar la infracción por la omisión de respuesta a una solicitud de información relacionada con la medida 8 de 8 contra la violencia. Mientras que, en el segundo, se acreditaron presuntas irregularidades en la asamblea de una organización en proceso de registro como partido político nacional, por lo que se le impuso una multa.
En otro punto de la sesión virtual, el máximo órgano de dirección del Instituto aprobó imponer sanciones por un monto global de 98 mil 769 pesos a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, así como a la Coalición Sigamos Haciendo Historia.
Estas sanciones derivan de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de campaña al cargo de Presidencia Municipal en Tamiahua, Veracruz, correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2026. Con base en las conclusiones técnicas, el proyecto de resolución tradujo los hallazgos en determinaciones jurídicas sustentadas en la normativa electoral aplicable.