Por Victor Barrera 
Por unanimidad de votos, los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon que los delitos de homicidio y lesiones culposas por omisión cometidos contra los 49 niños que murieron y los 106 que resultaron heridos en el incendio de la Guardería ABC, ocurrido hace 17 años, no caducan por el paso del tiempo.
Al reiterar el criterio de que los delitos cometidos contra personas menores de edad son imprescriptibles, la Corte abrió la puerta a que más exfuncionarios sean investigados penalmente por el accidente.
El proyecto fue presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien concluyó que la magnitud de la tragedia y el incumplimiento del deber de cuidado por parte del Estado constituyeron violaciones graves a los derechos de la infancia.
“En aras de no permitir que graves violaciones de derechos humanos gocen de condiciones de impunidad, la prescripción es inadmisible e inaplicable respecto de la acción penal ejercida por delitos cometidos en el caso de la guardería ABC”, dijo Ortiz Ahlf.
Lenia Batres Guadarrama aprovechó la discusión del caso para solicitar a los integrantes del Pleno guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del 5 de junio de 2009.
Batres y María Estela Ríos González también atribuyeron la tragedia al “modelo neoliberal” de privatización de las guarderías y acusaron que este “destruyó la actividad solidaria del Estado mexicano”.
“Es indudable que la multiplicidad de violaciones cometidas en perjuicio de las niñas y los niños que se encontraban en su primera infancia; la naturaleza de los derechos vulnerados en lo individual y como colectivo; la intensidad de las lesiones a los bienes jurídicos; y el incumplimiento del Estado de su deber reforzado de protección de los derechos de los infantes, le imprime al caso que nos ocupa una dimensión específica de gravedad con gran trascendencia social”, señala el fallo.
La sentencia de la Corte ordena enviar el asunto nuevamente a un Tribunal Colegiado para que continúe con el análisis del caso de origen y dicte sentencia definitiva tomando en consideración que los delitos derivados del incendio de la Guardería no prescriben.
El caso de origen es el amparo tramitado por Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, quien fue detenido luego de que el Instituto presentó una denuncia en el año 2020.