Por Victor Barrera 
Sobre la renta del Castillo de Chapultepec previo a la inauguración del Mundial, el PAN sostuvo que es una traición de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la cultura y al arte por quedar bien con la FIFA.
“No puede quedar en la impunidad, si se acepta la trampa de Sheinbaum en el Castillo de Chapultepec, se va a dar excusa para que otros eventos que no tengan corte artístico y cultural quieran utilizar el Castillo para eventos y festejos privados”.
Federico Döring, diputado federal y vocero del PAN, se sumó a las denuncias penales de profesores e investigadores del propio instituto, quienes han solicitado a la FGR iniciar indagatorias por presuntas violaciones al Estado de derecho al haberse autorizado el uso del recinto. “Y todos los responsables de ese evento tienen que ser sancionados”.
La diputada panista Genoveva Huerta apuntó que lo ocurrido en el Castillo de Chapultepec no es un descuido, sino una total falta de respeto a nuestra historia y a la legalidad.
“Mientras el Gobierno de Morena se llena la boca hablando de soberanía por debajo del agua le renta el Museo Nacional de Historia, a una corporación transnacional por un puñado de pesos, violando flagrantemente la Constitución y las leyes de bienes nacionales”.
Desde Acción Nacional, dijo la panista, se respeta el patrimonio de México, mismo que no está en venta ni se alquila para cenas privadas.
Laura Álvarez Soto, legisladora del PAN CDMX, respaldó los argumentos de los investigadores y la denuncia que presentaron ya que ni la presidenta, ni el INAH, tenían facultades para rentar el Castillo.
“Es un tema porque Morena, años atrás, cuestionó mucho que las administraciones del PAN hicieran eventos ahí y ahora ellos salieron con esta situación”.
La panista precisó que se debe dar celeridad a las investigaciones a raíz de la denuncia de investigadores del INAH ya que se estaría “privatizando” el uso de monumentos históricos.
Agregó también que la renta del Castillo puede representar la comisión de delitos como:
ejercicio indebido de servicio público, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, peculado, usurpación de funciones y fraude.