Por Victor Barrera 
Entre protestas de colectivos de víctimas, denuncias de omisiones y señalamientos de acoso por parte de la Fiscalía de Morelos (FGE), se realizó la sexta exhumación en las fosas de Jojutla, que concluyó con la recuperación de al menos 60 indicios que corresponderían aproximadamente a 100 cuerpos; entre los restos localizados se hallaron nuevamente indicios de bebés y mujeres, revelaron buscadoras.
La sexta exhumación se llevó a cabo del 25 de mayo al 26 de junio en las fosas comunes ubicadas en el panteón municipal Pedro Amaro, en Jojutla, donde la FGE inhumó de manera irregular cientos de cuerpos. Desde 2017, colectivos de familiares de personas desaparecidas impulsan exhumaciones para recuperar e identificar los restos, ante las irregularidades documentadas en el manejo de esos enterramientos.
En esta intervención, y tras los llamados y exigencias reiteradas de los colectivos de víctimas, el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, acudió al sitio, a diferencia de sus dos antecesores inmediatos —Uriel Carmona y Edgar Maldonado— quienes no participaron en diligencias previas, y de acuerdo con las familias mostró disposición para atender algunos planteamientos durante el proceso.
De manera conjunta, las representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas señalaron a Alberto Belmont Gutiérrez, fiscal especializado en Desaparición Forzada de Personas, por una presunta falta de voluntad en los procesos de búsqueda y exhumación, así como por decisiones que, afirmaron, han derivado en obstáculos para la continuidad de los procedimientos acordados desde intervenciones previas en Tetelcingo y Jojutla.
Amalia Hernández, del colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla, acusó que el funcionario dijo desconocer acuerdos previamente establecidos para las exhumaciones, lo que —según las familias— ha permitido la localización de más restos en otros procedimientos.
«El maestro Alberto Belmont Gutiérrez dijo desconocer esos acuerdos y sostuvo que, por ello, no existían elementos para replicar el procedimiento aplicado en exhumaciones anteriores».
Al concluir las cinco semanas de trabajo, Amalia Hernández señaló que uno de los primeros conflictos surgió porque la Fiscalía pretendía registrar todos los restos recuperados bajo una sola carpeta de investigación, criterio que finalmente fue modificado para asignar un expediente independiente a cada indicio.
La activista explicó que otro de los principales desacuerdos fue la intención de desechar los embalajes utilizados para resguardar los restos, pese a que, sostuvo, podrían convertirse en evidencia en futuras investigaciones. Por ello, el tema fue planteado directamente al fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar.
También informó que durante los trabajos se intentó dar por concluida la excavación mediante un dictamen elaborado por una arqueóloga de la Comisión Nacional de Búsqueda, quien consideró que ya se había alcanzado un estrato natural.
Sin embargo, las familias recordaron que en intervenciones anteriores ampliar la excavación permitió localizar decenas de cuerpos adicionales, por lo que finalmente la especialista desistió de emitir ese dictamen.
«En una de las zonas únicamente llegamos a tres metros con tres centímetros, cuando el acuerdo era descender hasta los cuatro metros. Tendremos que regresar para descartar completamente esa área», afirmó.
En este contexto, las protestas de las familias se expresaron de distintas formas durante la jornada: Amalia Hernández colocó una leyenda de protesta en su tarjeta de acreditación durante las diligencias, luego de que se les impidiera a integrantes del equipo jurídico permanecer sentadas durante las jornadas de trabajo, mientras que el colectivo de Edith Hernández Torres colocó carteles para denunciar la crisis forense y las condiciones en que se desarrollan las exhumaciones.
Posteriormente, Hernández denunció que personal de la FGE realizó presuntos actos de vigilancia e intimidación tras estas expresiones de protesta.
Señaló que comenzaron a tomarse fotografías y videos a integrantes de las familias cuando expresaban inconformidad con decisiones ministeriales.
«Nos tomaban fotografías directamente a las víctimas y grababan videos».
Afirmó que estas acciones se repitieron en distintos momentos de la diligencia y fueron interpretadas como una forma de presión.
Por su parte, Edith Hernández Torres, del colectivo Regresando a Casa Morelos, cuestionó la ausencia de herramientas especializadas durante las labores de campo, como el georradar.
«La respuesta del fiscal Belmont fue que no fue solicitado, cuando es algo que ya debería utilizarse en cualquier búsqueda de campo».
También acusó falta de coordinación entre las instituciones participantes para clasificar e individualizar los restos recuperados, lo que, dijo, generó confusiones incluso en la documentación de algunos indicios.
Añadió que la crisis forense en Morelos persiste porque los cuerpos recuperados permanecen en el Servicio Médico Forense (Semefo) únicamente con estudios preliminares y sin las periciales completas que permitan avanzar en su identificación.
«Esos cuerpos siguen en la misma situación que cuando fueron encontrados. Siguen sin tener completas sus periciales y eso va a perpetuar la desaparición. Por eso hablamos de una crisis forense y Morelos es una muestra», afirmó.
Respecto a la cantidad de restos recuperados, Hernández Torres señaló que las cifras oficiales aún podrían incrementarse una vez que concluyan los análisis.
«La Fiscalía habla de alrededor de 60 indicios, pero por la forma en que estaban depositados estimamos que podrían corresponder a entre 90 y 100 cuerpos. Si estamos equivocadas, que sean las instituciones quienes presenten las cifras correctas», dijo.
La representante de Regresando a Casa Morelos confirmó que entre los hallazgos hubo nuevamente mujeres, bebés y menores de edad, aunque la mayoría corresponden a hombres adultos.
Finalmente, adelantó que los colectivos solicitarán ampliar la excavación tanto en profundidad como hacia los costados de la fosa y, de ser necesario, promover una séptima intervención.
«Vamos a pedir otra intervención hasta que la Fiscalía descarte técnicamente que ya no hay más cuerpos o nos entregue la información que nos dé esa certeza. Si no, nos tocará como colectivos hacer una búsqueda ahí», concluyó.