Manuel Cifuentes Vargas
La soberanía, social, política y jurídicamente, es un poder; una potestad única, máxima, incompartible e intransferible que tiene el pueblo. Él es el propietario y poseedor único de ella. Él es la soberanía. Nadie más. En él se incuba, nace, vive, y en él se redimensiona. Por lo tanto, él es su único titular y nada hay por encima de ella. La soberanía no es el Estado, ni el gobierno. Éstos, como instituciones que en un momento dado y acto originario que él crea, en su carácter y calidad de voluntad general, al constituirse como país, en su legítima, pura y constitucional esencia, en estas instituciones la refleja y la proyecta y, por lo tanto, estas instituciones la representan en nombre del pueblo soberano.
La soberanía, política y constitucionalmente, es un entero excelso e indivisible. La soberanía no está fragmentada ni es solo la expresión de unos cuantos, aunque éstos estén en el gobierno, por lo que no es de mayorías o minorías, sino todo el pueblo en plena unidad, convivencia y armonía. Es un todo completo y compacto que emana y se refleja de toda esa unidad de voluntad general maciza que es el pueblo. Es el principio y valor político-social constitucional más elevado y sagrado que tiene el pueblo, y gracias a la cual, como el origen que es, crea y/o recrea todo. Es decir, al Estado y, por ende, al gobierno, a sus instituciones y traza la dirección y orientación que deben tener estos entes político-jurídicos. Ésta es única, permanente, intransferible, incompartible e invariable en su esencia pura, conforme a la cual se ideó, concibió y constituyó el Estado, en tanto no la varíe el propio pueblo, que es el único y solo el que la tiene.
Para decirlo con otras palabras, la soberanía es el poder superlativo que tiene un pueblo debidamente organizado e institucionalizado que constituye un Estado. Por eso, desde cualquier ángulo que se le quiera ver, el pueblo en su calidad de soberano es indiscutiblemente el elemento fundamental, sin el cual no sería posible, en la invención y erección del Estado moderno. Es la vertebra del Estado; y para edificarlo, darle unidad, solidez y representatividad crea un gobierno que lo administre y dirija. Sin pueblo no hay Estado ni Gobierno. El pueblo es la razón de la existencia del gobierno y del Estado. Por eso el pueblo es el poder supremo para libremente decidir, hacer y mandar.
Y para darle presencia y ubicación, se procura y/o cuenta con un asiento físico donde establecerse y lo identifiquen; esto es, un territorio para tener presencia, imagen geográfica, voz y voto, jurídicamente, en un plano de igualdad en y ante el mundo. Estos son precisamente sus elementos primarios y torales conforme a los cuales se constituye el Estado, instituyendo desde luego su orden normativo y estableciendo los fines de este ente político-jurídico. Pero como acabamos de anotar, todo esto deviene del pueblo soberano. Por eso, bien puede decir el pueblo con la total autoridad: La soberanía soy yo.
Por lo tanto, la soberanía es el bien supremo del país. De ahí que el gobierno, como producto que es de ella, no la puede estar interpretando y pretendiendo acomodarla y hacerla valer al gusto y a los vaivenes de sus propios intereses de cada momento.
Luego entonces, la soberanía somos todos; esto es, todo el pueblo. No es solo unos cuantos; una facción, grupo o pedazo de éste. Éstos solo son fragmentos, núcleos, grupos o sectores de población; pero no son la soberanía. La soberanía, socio-política y jurídicamente es un entero; un todo superior, es todo el pueblo en su conjunto. No son solo los que votaron por algunos y los otros no. No es solo los que simpatizan y favorecen a un gobierno en turno y los demás no. Entiéndase bien, todos somos la soberanía; todo el pueblo completo; todos en su totalidad.
Por eso, la Constitución es una sublime expresión viva de la soberanía originaria, porque ella es la que la emite a través del órgano constituyente que crea para tal fin; mientras que la ley lo es de la soberanía derivada, expedida por los órganos legislativos constitucionales que se establecen en la propia Constitución. Vale apuntar, que derivado de esa majestuosa soberanía originaria, en la propia Constitución instituye dos grandes poderes: el Poder Revisor y Reformador de la Constitución, y los que se consideran como poderes constituidos; compuestos por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y, ahora, con los Organos Constitucionales Autónomos.
La soberanía no son simples líneas discursivas, y mucho menos cuando éstas se tergiversan, hasta con fogosidad, solo para manipular y hasta con la intención de enardecer los ánimos de la población. La soberanía no es una narrativa con aroma patriotero. A la soberanía se le respeta y se le representa con toda institucionalidad y dignidad: y se le exalta y se le pregona con acciones reales en defensa de todo el pueblo y del país; no solo de un puñado; de unos cuantos, para encubrir actos nocivos para el país.
La soberanía no es, no sirve, ni debe utilizarse para proteger a quienes van contra la salud pública. Esto es nocivo para el servicio público, para el gobierno como institución, para la sociedad y para el Estado. La soberanía no está al antojo o contentillo de cada gobierno en turno. No es una mercancía que esté al servicio y acomodo de cada gobierno; y mucho menos cuando se tienen indebidos intereses. La soberanía se honra a diario con hechos palpables siempre en beneficio de todo el pueblo y para bien del país.
La soberanía, partiendo de esa unidad de voluntad general, desde su invención siempre ha tenido dos caras: la interna y la externa; y en su cuidado, protección y defensa tienen el mismo valor, porque son producto de la misma esencia, voluntad, origen y residencia. Tan importante y trascendente es una como la otra. No se puede mirar solo la externa y descuidar la interna y viceversa, porque tarde que temprano, si no se atienden y corrigen algunos hechos que la manchan, maltratan y la vulneran, tienen repercusiones hacia afuera y, éstos a su vez, hacia dentro. El problema es que a veces en el discurso político y posicionamiento oficial, se quiere verla solo con miras al exterior y no al interior del país.
La soberanía única y absoluta al interior de los países, se compatibiliza y armoniza hacia el exterior con las demás soberanías, acompañándose amigablemente compartiendo intereses comunes y de ayuda mutua. Lo anterior, porque no se puede imponer con la misma fuerza y contundencia unilateral como lo hace al interior del país, con el resto de las soberanías, dada su indispensable y necesaria convivencia y colaboración internacional obligada con las demás soberanías existentes en la órbita global. En otras palabras, con los demás países y/o estados soberanos que habitan en el mundo, tendiente a la seguridad, progreso, desarrollo, bienestar y paz, conforme al derecho de convencionalidad de que forman parte. No se puede argumentar que en unas cosas sí colaboran y en otras no. Es una forzosa colaboración en todos los rubros que pactan y se obligan.
Yo creo que la convencionalidad que surge de las relaciones exteriores y del Derecho Internacional no es un atentado contra la soberanía; no es disminución o menoscabo de soberanía de los estados; pero sí de la debida y obligada atención de los países soberanos a lo que, con esta calidad, acuerdan y firman y que, por lo tanto, están obligados y deben atender y cumplir. No se debe confundir el vigor y entereza de la soberanía aplicada hacia el interior, con la cooperación internacional dentro del marco de la Constitución, armonizada con la normativa internacional de la que se forma parte, porque esto coadyuva al desarrollo y también a su blindaje.
La soberanía no solo se cuida, protege y se defiende del exterior. También se cuida, protege y defiende al interior con la misma inteligencia, intensidad, fuerza, vehemencia, voluntad y autoridad. Tanto hay riesgos del exterior como del interior que la pueden quebrantar, si no se atienden. No se puede solo custodiar, prevenir y defender de las amenazas exteriores, y descuidar o tener debilidades para con la interior. La soberanía se erosiona cuando no hay control, orden y cuando la autoridad se pierde. Bien expresa el dicho popular que espacio que se deja vacío, otro u otros lo ocupan. El vacío es el argumento y momento perfecto para que otro u otros se sientan con derecho a llenarlo. Por eso, quienes tienen el mandato de representarla, están obligados a cumplirlo con toda puntualidad y pulcritud para no fallarle al pueblo soberano. Es su deber y obligación constitucional, política, social, ética e histórica, pues su obligación y compromiso es solo con el pueblo soberano.

