Por Victor Barrera 
Familias que integran tres colectivos, asi como varios particulares, acusaron al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, de incumplir y simular con su obligación de garantizar una búsqueda efectiva de sus seres queridos desaparecidos. Afirman que las autoridades actúan de manera coordinada, pero para ocultar información y fabricar versiones que obstaculizan la localización de las personas y no investigan a los perpetradores.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas y Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos Región Centro Coahuila A.C., son las organizaciones que, junto con varios particulares y organizaciones civiles que les acompañan, denunciaron que las mesas de diálogo que se realizan entre las familias y el gobierno del estado solamente “alargan y administran el dolor” mientras que no se busca a los perpetradores.
María Eugenia Arriaga Salomón, del área de Comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y acompaña a varias de las familias, principalmente de FUUNDEC, señaló que a 16 años de implementarse este tipo de reuniones, el cual se presume como Modelo Coahuila a nivel nacional, no se logra el objetivo de encontrar a las personas desaparecidas y, por el contrario, se ha normalizado la violencia contra las familias.
“Notamos con frustración e impotencia que en tantas y tantas reuniones y mesas de trabajo, procesos que presumen hasta como ‘Modelo de Coahuila’, no tenemos lo que queremos principalmente: a nuestros familiares queridos desaparecidos de vuelta en casa. Al contrario, con los años vemos que las mesas de trabajo solo han servido para alargar y administrar el dolor; las autoridades estatales han normalizado las violencias, que ya se les olvidaron las leyes y protocolos que construimos con tanto esfuerzo”, señaló la representante del Fray Juan de Larios quien leyó el pronunciamiento después de la reunión que las autoridades de Coahuila sostuvieron con los ocho colectivos que existen en la entidad.
Las familias de personas desaparecidas pusieron como ejemplo de la descoordinación y el poco interés de las autoridades, lo ocurrido en el mes de junio, cuando fueron convocados a participar en un operativo por parte de la comisionada local de búsqueda, Gabriela Noguez, y el cual se caracterizó por no tener planeación ni control judicial.
Las organizaciones señalan que lo ocurrido fue respuesta a una queja que se interpuso de un caso y que desde el 2010 se había pedido el operativo al entonces gobernador, Humberto Moreira Valdés, pero no les hicieron caso.
Después de tantos años la Fiscalía de Personas Desaparecidas no ha podido presentar un plan operativo armonizado con las leyes y protocolos vigentes y nos siguen ofreciendo más reuniones sin que ellos hagan el trabajo que les corresponda”, señalan las familias.
Las exigencias de colectivos y particulares son planteadas con el fin de que las autoridades de Coahuila “dejen de simular y cumplan las leyes y las recomendaciones internacionales en la materia”.
Entre estas demandas se encuentra la designación de la persona a cargo del Centro Regional de Identificación Humana “Blanca Isabel Martínez Bustos”, el cual se encuentra acéfalo desde hace un año. Para las familias tener a quien dirija el organismo es garantías de que los procesos que se realizan son transparentes y generan confianza.
También solicitaron que se cuente con un presupuesto específico y participativo para la localización de las personas desaparecidas, a fin de tener el equipo y recurso humano necesarios, en lugar de inventar más mesas de trabajo.
Las familias exigen una amplia difusión de los programas que se han creado para su beneficio, entre ellos el Programa Integral para Mejorar la Calidad de Vida de las Familias de Personas Desaparecidas en el Estado.
“Coahuila debe ser ejemplo en la implementación, no sólo en la teoría, sino en la práctica de este modelo de atención y, sobre todo, debe de dar resultados a través de la localización de más de 3 mil 600 personas desaparecidas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)”, afirmaron las familias al insistir que en la entidad las mesas de diálogo no suplen la exigencia principal que es encontrarles.
El pronunciamiento fue firmado también por Frontera con Justicia A. C. (Casa del Migrante Saltillo), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) yvarios particulares.
Por su parte el gobierno del Estado emitió un comunicado después de la sesión plenaria, en el que no menciona el posicionamiento de los tres colectivos y las familias no organizadas.
“Las y los participantes reconocieron la voluntad de trabajo coordinado para continuar avanzando en los objetivos y mejorando este modelo de diálogo y participación que es único en el país”, establece el boletín en el que se señala que en dicha reunión se dio seguimiento a acuerdos, se revisaron avances y el fortalecimiento de la coordinación entre todas las instituciones.
“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con sensibilidad, respeto y firmeza en favor de la verdad, la búsqueda y el acceso a la justicia», de acuerdo a declaraciones que se atribuyen a Jiménez Salinas.