Por Victor Barrera 
Con el objetivo de proteger el patrimonio de las familias mexicanas y eliminar trabas burocráticas innecesarias, el diputado federal Jericó Abramo Masso presentó una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 2941 del Código Civil Federal. La propuesta surge ante la problemática que enfrentan miles de usuarios financieros que, tras concluir el pago puntual de sus créditos hipotecarios, en plazos que oscilan entre los 10 y 30 años, enfrentan procesos administrativos prolongados y costosos para recuperar el control legal de su propiedad.
«Es inaceptable que, después de cumplir con sus obligaciones, los ciudadanos enfrenten un calvario administrativo para liberar sus escrituras», señaló el legislador priista, y subrayó que, mientras el sistema financiero sanciona de manera inmediata cualquier atraso del deudor, no existen mecanismos que obliguen a los bancos a actuar con la misma eficiencia para liberar las garantías una vez liquidada la deuda.
El proyecto de ley establece un límite improrrogable de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente al pago total del crédito, para que la institución financiera emita la carta de instrucción de liberación y la presente ante Notario Público o el Registro Público de la Propiedad.
Asimismo, el banco deberá dar seguimiento formal al proceso hasta la inscripción registral final, y en caso de retraso, la iniciativa propone una penalización de 100 UMAS por cada día de demora, además de una indemnización al usuario equivalente al 1 por ciento del valor total del crédito por cada mes de retraso.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) podrá suspender temporalmente la facultad del banco para colocar créditos de vivienda si incumple con estas disposiciones.
El congresista del PRI enfatizó que esta reforma es fundamental en la era digital, donde la tecnología debería permitir que estos procesos se realicen de manera ágil y segura.
Con esta medida, dijo, se busca no solo justicia para los acreditados, sino también dinamizar el mercado inmobiliario al permitir que los inmuebles liberados sean utilizados rápidamente como garantía para nuevos proyectos productivos.
El legislador coahuilense agregó que, además, la reforma contempla que, una vez aprobado el decreto, las instituciones financieras contarán con 90 días naturales para adaptar sus procesos internos, mientras que las hipotecas ya liquidadas antes de la entrada en vigor contarán con un máximo de 60 días para ser liberadas.