Por Victor Barrera 
La Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, que preside la diputada Leticia Barrera Maldonado (PRI), aprobó un dictamen que tiene como objetivo establecer que el Gobierno Federal promoverá, mediante mecanismos accesibles, oportunos y simplificados, apoyos a productores para cubrir las primas del servicio de aseguramiento de riesgos y de mercado.
Las modificaciones a los artículos 125, 126 y 129, y la adición de un artículo 129 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establecen que dichos apoyos deberán priorizar a las personas productoras de pequeña y mediana escala, así como a aquellas ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad climática, para la cobertura de riesgos derivados de sequías, heladas, granizadas, inundaciones, ondas de calor y demás fenómenos climáticos extremos.
Determina que el servicio de aseguramiento deberá incorporar mecanismos de cobertura frente a fenómenos asociados a la variabilidad climática y al cambio climático, bajo criterios de prevención, resiliencia y continuidad productiva.
Estipula que el Gobierno Federal, a través de las dependencias competentes y en coordinación con las entidades federativas, desarrollará e implementará mecanismos de información, monitoreo y alerta temprana para prevenir, mitigar y atender riesgos agroclimáticos que afecten la producción rural.
Estos mecanismos deberán considerar criterios de vulnerabilidad territorial, sequía recurrente, estrés hídrico y demás fenómenos asociados a la variabilidad climática y al cambio climático, con especial atención en las regiones de mayor exposición y afectación y promover acciones de difusión y acompañamiento técnico dirigidas a las personas productoras, con el objeto de fortalecer sus capacidades de prevención, adaptación y resiliencia ante contingencias climatológicas.
Además, la Comisión aprobó un dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a emitir una declaratoria de zona de desastre por sequía en el estado de Guerrero e implementar un programa de apoyos emergentes a pequeños productores agrícolas y ganaderos para el presente ciclo agrícola 2026.
Avaló un dictamen que reforma los artículos 3 e incorpora el Capítulo I «De los Mecanismos de Protección del Origen del Vino Mexicano» a la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, con el propósito de señalar que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural promoverá, en coordinación con la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las entidades federativas y las organizaciones representativas del sector, el reconocimiento, protección, aprovechamiento y defensa de las denominaciones de origen del vino mexicano.
Agrega que impulsará la elaboración de estudios técnicos, científicos, históricos, geográficos, culturales y económicos que permitan identificar regiones vitivinícolas susceptibles de obtener la protección de una denominación de origen o indicación geográfica en términos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
Igualmente, fomentará la implementación de mecanismos de certificación, trazabilidad y control que permitan acreditar el origen geográfico de los vinos mexicanos y facilitar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para la obtención y conservación de denominaciones de origen e indicaciones geográficas.
Incluirá dentro de la ley el concepto “denominación de origen vitivinícola”, la cual se definirá como el reconocimiento que otorga el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a una región vitivinícola determinada cuya producción de vino presenta cualidades, características y prestigio vinculados de manera directa a su origen geográfico, constituyendo un patrimonio productivo, cultural y económico cuya protección contribuye al desarrollo regional, la competitividad y la preservación.
Asimismo, incorpora el término “Región Vitivinícola”, mismo que se determinará como el área geográfica delimitada del territorio nacional cuyas condiciones naturales, ambientales, climáticas, geológicas, culturales o productivas inciden de manera directa en las características de los vinos elaborados en ella.
Se aprobó el dictamen que reforma los artículos 1º, 2º, 11, 16, 30 y 61 de La Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, con el fin de contemplar entre los grupos de atención prioritaria a los migrantes extranjeros e incluir el concepto de “sostenibilidad” como la capacidad de satisfacer las necesidades alimentarias presentes sin comprometer los recursos y el bienestar de generaciones futuras, además de armonizar el nombre del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social por el del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Otro dictamen aprobado reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria con el propósito de sustituir expresiones que aluden exclusivamente al género masculino como «Presidente», «Presidente de la República» o «Secretario» por denominaciones institucionales incluyentes, tales como «persona titular de la Presidencia del comisariado ejidal», «persona titular del Ejecutivo Federal» y «personas titulares de las Subprocuradurías», entre otras.
Lo anterior, con el objetivo de adecuar el lenguaje normativo a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, así como para visibilizar a las mujeres y a las personas con identidades no binarias en el ámbito agrario.