China se opone a la retirada de Japón como «Estado enemigo» de la Carta de la ONU: «Glorifica crímenes de guerra»

Las autoridades de China criticaron este miércoles la petición realizada la víspera por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, para retirar la alusión al país como «Estado enemigo» de la Carta de Naciones Unidas y lamentaron que el Gobierno japonés «niega su historial de agresión y glorifica crímenes de guerra».

Así se pronunció el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, durante una rueda de prensa en la que afirmó que la comunidad internacional «presta más atención a las acciones de Japón que a sus palabras», según informaciones recogidas por el diario ‘Global Times’.

«La Administración actual de Japón no solo niega su historia de agresión y glorifica crímenes de guerra, sino que también continúa fortaleciendo y expandiendo su Ejército, acelera la remilitarización, busca abandonar sus principios sobre la proliferación nuclear y revisar su constitución pacifista», aseveró Guo.

«Está desafiando abiertamente el orden internacional de posguerra y se ha convertido en un factor prominente que amenaza la paz y la estabilidad regional», ha recalcado, tan solo un día después de que Takaichi aprovechara su discurso ante la Asamblea General de la ONU para solicitar la retirada de Japón como «Estado enemigo» y reivindicar que se trata de un país pacifista.

La primera ministra manifestó que la estructura de la ONU continúa reflejando el equilibrio internacional de 1945 tras finalizar la Segunda Guerra Mundial y alertó de que esto no responde adecuadamente a las circunstancias del presente.

A su juicio, no solo es necesario ampliar el número de miembros –tanto permanentes como no permanentes– de este órgano para reforzar su legitimidad y representatividad, sino que es de vital importancia reformar por completo el Consejo de Seguridad como antesala a una revisión más amplia de todo el funcionamiento de la organización.

«La reforma de Naciones Unidas es esencial», señaló Takaichi, que defendió que los Estados miembro deben asumir conjuntamente la responsabilidad de revitalizar una organización sometida, según sus palabras, a una creciente «fatiga institucional».