Por Victor Barrera 
Lo que comenzó como un día rutinario para Miriam Cruz Alpuche, de 55 años, y su pequeña nieta Ariana Scarlet Velázquez Cruz, de 12, culminó en una tragedia que conmociona a Chiapas.
Tras cinco días de angustiosa búsqueda, las autoridades y pobladores confirmaron la localización sin vida de la menor en una zona de potreros de Ostuacán, cerrando de forma desgarradora el caso del doble feminicidio que arrancó con el hallazgo previo del cuerpo de su abuela.
Los hechos se remontan al pasado lunes 19 de octubre, cuando la mujer y la niña salieron de su domicilio con dirección a un predio familiar en la ranchería Tanchichal para revisar a unos animales.
Al perderse el contacto con ellas, familiares y vecinos iniciaron de inmediato peinados por las montañas y senderos de la zona.
El miércoles por la mañana, las brigadas comunitarias localizaron el cuerpo sin vida de Miriam Cruz a la orilla de un arroyo, envuelto en bolsas negras y una lona azul, presentando evidentes signos de violencia.
A partir de ese momento, la desesperación se intensificó para dar con el paradero de Ariana Scarlet.
Durante días, pobladores, elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Unidad Canina de Protección Civil -con el apoyo de los binomios Nazca y Tornado- mantuvieron operativos ininterrumpidos hasta que este viernes se confirmó el hallazgo del cuerpo de la pequeña de 12 años.
El hallazgo ha provocado una fuerte ola de indignación por parte de la sociedad civil y colectivas feministas en la entidad, que exigen a las autoridades que el crimen no quede impune.
El Observatorio Feminista se pronunció enfáticamente al señalar que este hecho no debe tratarse simplemente como el final de una búsqueda, sino como las muertes violentas de una niña y una mujer que deben investigarse desde el primer instante bajo la línea de feminicidio.
La organización exigió a la FGE una indagatoria inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género e infancia, advirtiendo que no aceptarán versiones apresuradas ni omisiones institucionalizadas.
Por su parte, la Colectiva 50+1 Chiapas, a través de su Comisión Estatal a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, lamentó el cobarde acto y condenó la barbarie que aqueja a las mujeres e infancias del estado:
«Nos duelen profundamente las vidas perdidas, porque la violencia feminicida no acaba con el crimen; deja secuelas imborrables, traumas profundos y un vacío irreparable en sus familias, en sus comunidades y en todo el tejido social de nuestro estado», declaró la organización.
Con este caso, las colectivas señalan que la cifra de feminicidios en Chiapas asciende a 30 víctimas en lo que va del año 2026, una cifra alarmante que refleja la urgencia de establecer estrategias reales de prevención y protección en todos los municipios y comunidades rurales de la entidad.
Entre las demandas centrales hechas por las organizaciones destacan: justicia e investigación expedita; que la FGE actúe con celeridad y rigor técnico para capturar y sancionar con todo el peso de la ley a los responsables.
También implementación urgente de políticas públicas de seguridad en zonas rurales, acompañamiento psicológico, jurídico y social inmediato para la familia golpeada por esta tragedia.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado ha indicado que un equipo especializado se encuentra al frente de las investigaciones y que en las próximas horas emitirá un informe detallado sobre los avances para dar con los responsables.