Por Victor Barrera 
Para erradicar las barreras culturales y estructurales que perpetúan la discriminación y la violencia contra las mujeres, la diputada Marcela Guerra Castillo, presentó una iniciativa de reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la obligación del Estado de garantizar la eliminación de los estereotipos de género y las normas sociales discriminatorias que limiten la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Destacó que, pese a avances significativos como la reforma de «Paridad en todo» aprobada en 2019, la igualdad formal aún enfrenta severos obstáculos derivados de patrones culturales y la asignación desproporcionada de las labores de cuidado no remuneradas. «La discriminación basada en estereotipos de género no sólo afecta el acceso de las mujeres a espacios de toma de decisiones, también limita su desarrollo personal, profesional y político, perpetuando situaciones de exclusión y violencia», señaló la legisladora del Grupo Parlamentario del PRI.
Guerra Castillo advirtió que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, elaborada por el INEGI, el 70.1% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, lo que evidencia la magnitud de las desigualdades y la necesidad de transformar los patrones socioculturales que contribuyen a perpetuarlas.
Asimismo, refirió que la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022 revela que, de los 31.7 millones de personas que brindaron cuidados a integrantes de su hogar o de otros hogares, el 75.1% fueron mujeres y el 24.9% hombres. Además, las mujeres cuidadoras principales dedicaron en promedio 38.9 horas semanales a estas actividades, frente a 30.6 horas de los hombres, lo que refleja la desigual distribución de las responsabilidades de cuidado.
La diputada neoleonesa señaló que el Índice Global de Brecha de Género 2025 del Foro Económico Mundial también evidencia importantes desafíos, pues México alcanzó apenas un 60.9% de paridad en participación económica y oportunidades, pese a los avances registrados en representación política. Esto demuestra que las desigualdades persisten en el acceso a oportunidades laborales, la distribución de responsabilidades familiares y las condiciones de desarrollo de las mujeres.
Explicó que, con esta adición constitucional, se busca armonizar la Carta Magna con instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, además de atender los acuerdos adoptados durante la Conferencia Mundial de Mujeres Parlamentarias de la Unión Interparlamentaria (UIP), celebrada en Belgrado, Serbia, del 2 al 4 de junio de 2026.
Subrayó que durante dicho encuentro internacional se identificó a los estereotipos de género y las normas sociales discriminatorias como obstáculos para alcanzar la igualdad sustantiva y la participación paritaria de las mujeres en la vida política y pública, por lo que se hizo un llamado a los parlamentos para impulsar medidas legislativas que permitan combatirlos.
Además, explicó que la reforma permitirá fortalecer el marco de protección de los derechos humanos de las mujeres; consolidar el principio de igualdad sustantiva previsto en el artículo 4o. constitucional; impulsar políticas públicas, programas educativos y mecanismos institucionales dirigidos a transformar patrones socioculturales discriminatorios; y contribuir a la prevención de la violencia contra las mujeres.
«La igualdad sustantiva requiere transformar las condiciones sociales y culturales que históricamente han limitado las oportunidades de las mujeres. Con esta reforma buscamos que el Estado asuma expresamente la responsabilidad de combatir los estereotipos de género y garantizar que mujeres y hombres puedan desarrollarse en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la vida», concluyó la legisladora neoleonesa.