Por Victor Barrera 
Por Marco A Urquides
A muchos les gusta ver la política en blanco y negro: los buenos de un lado y los malos del otro. Pero lo ocurrido alrededor de Guadalupe Taddei y su salida del Instituto Nacional Electoral (INE) demuestra que la realidad del poder es mucho más compleja, especialmente cuando las promesas de honestidad, transparencia y transformación terminan enfrentándose a los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos.
Durante mucho tiempo, la discusión sobre Taddei estuvo marcada por una pregunta: ¿era una presidenta independiente o una figura cercana a Morena? Para sus críticos, su llegada al INE representó una oportunidad para que el partido en el poder tuviera mayor influencia sobre el árbitro electoral. Para sus defensores, su designación fue resultado de un procedimiento institucional en el que no existían compromisos partidistas.
Sin embargo, más allá de las simpatías o diferencias políticas, lo verdaderamente preocupante fue la concentración de facultades que se impulsó desde el Congreso de la Unión. Con el respaldo de la mayoría legislativa de la llamada Cuarta Transformación, se modificaron disposiciones que ampliaron las atribuciones de la presidencia del INE, particularmente en materia de nombramientos y contratación de proveedores, reduciendo espacios de decisión colegiada.
Y aquí surge una pregunta fundamental: ¿qué tan conveniente es concentrar tanto poder en una sola persona dentro de una institución cuya principal responsabilidad es garantizar la imparcialidad de las elecciones?
Porque el problema no es solamente quién ocupa la presidencia del INE, sino qué contrapesos existen para evitar que cualquier titular, independientemente de su filiación o cercanía política, pueda tomar decisiones sin suficiente vigilancia institucional.
Pero si las discusiones sobre autonomía y facultades ya generaban preocupación, los señalamientos relacionados con contratos, proveedores y posibles irregularidades terminaron por colocar a la institución en una crisis todavía más delicada.
Fueron las investigaciones periodísticas las que pusieron en el centro de la conversación pública una serie de cuestionamientos sobre contrataciones millonarias, posibles conflictos de interés y empresas vinculadas con proveedores del instituto. Posteriormente, las autoridades fiscalizadoras y financieras también comenzaron a intervenir, mientras se desarrollaban investigaciones y procedimientos relacionados con estos señalamientos.
Y hay algo que merece una reflexión particular: ¿por qué tuvo que crecer el escándalo público para que la crisis institucional alcanzara semejante dimensión? ¿Dónde estuvieron los mecanismos de vigilancia y control cuando se tomaban esas decisiones?
La salida de Taddei no elimina esas preguntas. Tampoco significa que las responsabilidades estén automáticamente determinadas. Las investigaciones tendrán que establecer qué ocurrió, quién participó y si existieron responsabilidades administrativas o penales. Nadie debe ser declarado culpable antes de que las autoridades correspondientes concluyan sus procedimientos.
Pero existe una responsabilidad distinta que no puede ignorarse: la responsabilidad política.
Y es precisamente ahí donde Morena tiene una explicación pendiente.
Durante su gestión, Taddei fue una figura cuya llegada y permanencia estuvieron acompañadas por un contexto de respaldo político a las reformas que ampliaron las facultades de la presidencia del INE. Sin embargo, cuando los cuestionamientos comenzaron a representar un costo público, el discurso cambió y aparecieron los deslindes.
La postura de que cada funcionario debe responder individualmente por sus actos puede ser jurídicamente válida, pero políticamente resulta insuficiente. Una cosa es determinar la responsabilidad legal de una persona y otra muy distinta es asumir las consecuencias políticas de las decisiones que hicieron posible su llegada, fortalecieron sus atribuciones y respaldaron su gestión.
No se trata de responsabilizar automáticamente a Morena por cada irregularidad que pudiera acreditarse, sino de exigirle congruencia. No se puede defender una decisión cuando conviene y desconocer sus consecuencias cuando deja de ser políticamente rentable.
Al final, este episodio deja una lección que va mucho más allá de Guadalupe Taddei: las instituciones no se fortalecen concentrando poder, debilitando contrapesos o confiando ciegamente en la honestidad de quienes las encabezan.
Se prometió terminar con las viejas prácticas de la política mexicana, pero los acontecimientos vuelven a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿realmente cambió la forma de ejercer el poder o simplemente cambiaron quienes lo ejercen?
Y hay algo todavía más importante. Estamos hablando del árbitro electoral mexicano a las puertas de las elecciones de 2027. La discusión no debería agotarse en la salida de una presidenta, sino en las garantías que existen para que el INE conserve su autonomía, su capacidad de fiscalización y, sobre todo, la confianza de los ciudadanos.
Porque Taddei puede irse, los funcionarios pueden cambiar y los partidos pueden deslindarse. Pero la responsabilidad por las decisiones políticas tomadas desde el poder no desaparece con una renuncia.
En política, los aliados pueden convertirse rápidamente en desconocidos cuando llega la hora de asumir los costos. El problema es que las consecuencias de sus decisiones las termina pagando la confianza ciudadana.