Por Victor Barrera 
A cinco días de los dos terremotos que impactaron a Venezuela, la cifra de desaparecidos, que llegó a 46 mil 632 este lunes, permite vislumbrar la enorme magnitud de la tragedia humanitaria que vive un país que desde mucho antes de los movimientos telúricos ya estaba colapsado tras casi tres décadas de ineficiencia, corrupción y autoritarismo del régimen chavista.
Mientras los rescatistas procedentes de varios países intentan todavía encontrar sobrevivientes entre los escombros de los centenares de edificios colapsados, el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez –la chavista que reemplazó en el cargo al también chavista Nicolás Mandiuro tras su “extracción” por parte de tropas estadunidenses en enero pasado— parece más preocupado en minimizar la tragedia, que en enfrentarla.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta y segundo hombre fuerte del régimen, después del ministro del Interior, Diosdado Cabello, reporta menos de dos mil personas fallecidas y un número cada día menor de heridos, pero esos datos generan la sospecha de organizaciones de la sociedad civil que están en terreno auxiliando a damnificados y constatando daños y número de víctimas.
La ONG Provea cuestionó el balance de Rodríguez y dijo que este genera “más dudas que certezas”. Por ello, le exigió permitir el acceso de la sociedad civil y de organismos independientes a las fuentes de esos datos, para cotejarlos y verificarlos.
“Necesitamos cero opacidad en la respuesta a esta tragedia nacional», señaló Provea en un comunicado.
Los casi 800 edificios reportados hasta ahora como colapsados de manera total o parcial en los centrales estados de La Guaira –el más afectado del país–, Miranda, Falcón, Carabobo y Yaracuy, y los desaparecidos no localizados reportados en la plataforma “Desaparecidos terremoto Venezuela” (46 mil 632 hasta este lunes) indican la verdadera dimensión de la tragedia provocó el mayor desastre natural en la historia de este país.
En una estimación preliminar, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) evaluó en seis 700 millones de dólares los daños económicos que dejaron los terremotos en pérdidas de edificios, viviendas e infraestructura física, lo que equivale al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela.
Pero el experimentado consultor económico Luis Oliveros que entre pérdidas y necesidades de la población afectada los daños podrían ascender a unos 28 mil 900 millones de dólares, el 26 del PIB, y que la reconstrucción podría abarcar entre cinco y 10 años, lo que dependería a la disponibilidad de financiamiento externo.
El analista político Benigno Alarcón señala que todos los venezolanos sabían que los recursos institucionales se desplomaron desde hace mucho tiempo y que, más allá del ejercicio represivo, el gobierno ha perdido toda eficiencia para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
“Pero la peor parte –asegura–, es que tampoco hay voluntad política del régimen para dar respuestas eficientes en momentos como este. Es mucho lo que se podría haber logrado si, desde las primeras horas de esta tragedia, una parte importante de los más de 250 mil efectivos de la Fuerza Armada y la policía se hubiesen unido a los miles de voluntarios y rescatistas. Nunca lo hicieron”.
Rescatistas que buscan sobrevivientes entre los escombros en el estado costero de La Guaira, donde las temperaturas rebasan durante el día los 30 grados, reportan que el olor a descomposición es más intenso cada día, y piden a los reporteros que difundan que urge en la zona la llegada de maquinaria pesada para remover trozos de concreto que impiden avanzar en las labores de exploración.
Periodistas que han llegado a La Guaira reportan que la situación es caótica porque el gobierno no ha logrado a estas alturas coordinar los esfuerzos de la sociedad civil, de los rescatistas que llegaron del extranjero y de las diferentes instituciones públicas.
Para la profesora de ciencias políticas de la Universidad Simón Bolívar, Colette Capriles, es inútil insistir en la incapacidad manifiesta de un Estado desmantelado en sus capacidades luego de décadas de chavismo, lo que ha dejado a los venezolanos “huérfanos” y conscientes de que su supervivencia depende de ellos mismos.
Los terremotos, asegura, no han hecho más que “metaforizar esa orfandad”.
El sismólogo y profesor de la Universidad de Los Andes (ULA), Raúl Estevez, recordó en una entrevista radial que Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas llegó a tener 300 estaciones en todo el país, pero la embestida chavista contra las universidades públicas críticas las dejó sin financiamiento y hoy sólo operan entre 4 y 5 estaciones.
Mencionó que el Grupo de Investigación en Geofísica y Sismología de la ULA pasó de tener 14 profesores a unos cuántos que ya están jubilados y trabajan de manera honorífica, mientras que especialistas de la nueva generación han optado masivamente por el exilio.
El cerco que han tendido la policía y las fuerzas armadas venezolanas en torno a las zonas de desastre en La Guaira ha dificultado no sólo el ingreso de periodistas sino de los mismos cuerpos nacionales de socorro. Equipos de bomberos han denunciado que hasta a ellos se les ha impedido llegar a sectores críticos donde se requiere su presencia.
Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Salud de Venezuela ha rechazado el ingreso de personal médico de Austria y Alemania.
“Es inconcebible que en estos momentos de emergencia nacional estemos viendo que lo único que le funciona al régimen son las dos únicas habilidades que le permitieron subsistir durante años, aun cuando los votantes le habían dado la espalda: la capacidad represiva y la capacidad propagandística”, dice el analista político Luis Antonio Marcano.
La propaganda oficial en estos días ha tenido expresiones grotescas. Por ejemplo, los medios oficiales y oficialistas de comunicación se han centrado más en dar cobertura a las actividades y pronunciamientos de la presidenta Rodríguez que en informar sobre la tragedia y las víctimas, como si lo que más importara en estos momentos es cuidar la imagen de los funcionarios de gobierno.
El líder del equipo de rescatistas mexicanos Topos Azteca, Héctor Méndez, relató que una reportera de un medio oficialista venezolano lo conminó, en cámara, a agradecer a la presidenta Claudia Sheinbaum por haber enviado ayuda a Venezuel, y él, según sus palabras, la mandó al diablo y le dijo: “Yo no soy político, soy rescatista”.
También han abundado las denuncias de corrupción de elementos de la fuerza pública que hacen pillaje en las edificaciones derruidas. En Catia La Mar, en La Guaira, policías fueron sometidos por personas que los sorprendieron saqueando un hotel colapsado.
La inercia represiva, que subsiste a pesar del tutelaje que ejerce el gobierno estadunidense sobre el actual régimen chavista, no ha dejado de operar en medio de la emergencia. En el central estado de Yaracuy el joven Leandro Villanueva fue citado a presentarse al cuartel de la policía tras haber denunciado el desvalijamiento de un centro de acopio por parte de uniformados.
El Foro Penal venezolano recordó que siguen encarcelados por el régimen 373 presos políticos cuya situación en diferentes penales es deplorable.